Recientemente, la Cámara de diputados aprobó la reforma constitucional ‒una más de nuestro país‒ para que desaparezca el fuero, que impide que diversos servidores públicos, como son el presidente, los diputados y senadores, los secretarios de Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean juzgados directamente por los tribunales ordinarios por los hechos en los que se pudiera considerar que resultan jurídicamente responsables, fuero que indicaba que era necesaria la existencia de un procedimiento denominado “declaratoria de procedencia” para que, una vez que los servidores sean “desaforados”, puedan ser juzgados. Procedimiento que se lleva a cabo ante la Cámara de Diputados y, en el caso del presidente, ante la Cámara de Senadores.
El fuero es una medida que ha estado en controversia permanente. Los que se encuentran a favor de la desaparición del mismo sostienen que se trata de protección para la corrupción de los altos funcionarios públicos, y que esta institución jurídica, es decir, el fuero, no permite combatir plenamente la citada corrupción que es uno de los grandes males de nuestra nación. Y esta necesidad es a tal grado que los propios candidatos presidenciales, dentro de sus propuestas, la han sostenido: hay que derogar el fuero para tratar de aminorar la corrupción o, por lo menos, para enfrentarla.
También se ha sostenido, desde las posiciones de izquierda, que debe desaparecer el fuero, debido a que con él se da un trato privilegiado a los altos funcionarios públicos. Esta es una postura de los partidos de izquierda desde hace mucho tiempo que dice que el fuero es un trato desigual a la población, pues, en tanto los funcionarios gozan del citado fuero, los demás miembros de la población deben afrontar directamente a la justicia, como lo sostuvo en la palestra la semana pasada el diputado Dr. Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD, al aprobar la necesidad de reformar la constitución.
Por su parte, la oposición a desaparecer el fuero argumenta que éste permite que los altos funcionarios puedan hacer su labor en el servicio público sin la necesidad de estar perdiendo el tiempo en juicios (atendiendo los mismos por simples revanchismos políticos), los cuales, incluso, pudieran ser simplemente distractores o formas de presión para que ellos no desarrollen correctamente su labor en el servicio público. Para el doctor Diego Valadez, profesor de la UNAM, la desaparición del fuero lo que provocaría es un riesgo de ingobernabilidad, ya que a cualquiera se le podría enjuiciar simplemente por razones políticas y no por hechos de los cuales proceda el mismo. En la actualidad, tenemos un caso muy cercano, que ha sido el vergonzoso juicio al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, juicio lleno de anomalías procesales, de ausencia de pruebas, de contradicción en el respeto y tutela de los derechos humanos.
Lo cierto es que en el caso de México, el fuero se usó en los últimos tiempos para mal y ha provocado actos enormes de corrupción; la impunidad se apoderó del sistema jurídico para blindar a los servidores públicos que salen a manos llenas de recursos económicos o, bien, que se dedican a realizar labores para las grandes compañías transnacionales para que, una vez fuera del servicio público, sean altos funcionarios, consejeros de las mismas o socios ¡sorprendentemente! de ellas. Motivo por el cual, en México, no se cumplió con el cometido del fuero; por el contrario, se trató de un escudo para cometer más actos de corrupción.
La aprobación, por unanimidad de la Cámara de Diputados, de reformar la constitución para desparecer el fuero todavía requiere de la aprobación de la Cámara de Senadores; adicionalmente, debe ser aprobada por 16 congresos locales para que se pueda dar la reforma. Por tanto, todavía hay un tramo muy largo para su aprobación; sin embargo, pareciera que el ambiente generalizado es que se apruebe esta reforma constitucional para combatir frontalmente a la corrupción.
Desafortunadamente hay muchos países de América Latina que dan el ejemplo a México respecto a investigar a los altos funcionarios públicos por casos de corrupción, y uno de ellos es Guatemala, que tiene actualmente en la cárcel al ex presidente y ex general Otto Fernando Pérez Molina, quien, con el caso de corrupción denominado “la línea”, provocó su renuncia para que sea juzgado penalmente. Caso en donde se presentó todo un sistema de corrupción en las aduanas de Guatemala que permitía la introducción de diversas mercancías sin el pago de los impuestos aduanales. Cita la historia: “La nómina completa de trabajadores detenidos de la SAT estaba comandada por Franco Chacón (superintendente) y Muñoz Roldán (ex superintendente), ambos secundados por Sebastián Herrera Carrera (director de Recursos Humanos), Anthony Segura Franco (secretario del Sindicato), Carla Mireya Herrera España (administradora de la Aduana Central), Gustavo Adolfo Morales Pinzón (jefe de división de la Región Sur), Melvin Gudiel Alvarado (administrador), Julio Rogelio Robles Palma (administrador de la aduana Puerto Quetzal) y tres operarios” (Móvil, José Carlos; Barrios, Antonio. ‘El Patio Trasero’. Guatemala: Serviprensa, 2017).
Con estos ejemplos que nos dan países de América Latina pareciera que es necesario llevar a cabo las medidas necesarias para que se pueda combatir la corrupción, la cual ha llegado a niveles de descaro en todos los estratos de gobierno, y la cual está impidiendo que exista verdaderamente un Estado de Derecho en México, pues con la corrupción observamos dos “Méxicos”: aquel en donde se permite todo ‒el de los altos servidores públicos‒, y, como oposición, otro en donde se encuentra prohibido todo ‒el de los ciudadanos de a pie‒.