A escasos metros de distancia se ubica un sujeto de complexión delgada, porta una gorra, pero en una parte de su rostro es visible que usa barba. Lo siguiente ocurre en menos de dos segundos. En un segundo el sicario se acerca a Purón y le dispara en la cabeza; sus asistentes se acercan a tratar de auxiliar al candidato quien perece en forma instantánea.

 

En la actual cultura mediática y visual el homicidio del candidato tuvo resonancia nacional por la existencia del video que provoca una fuerte impresión emocional en los ciudadanos. Pero esto mismo ha sucedido en decenas de ocasiones en las que no existe imagen alguna.

 

Durante el actual proceso electoral ya son 42 los candidatos ultimados. En el momento del crimen 28 tenían la calidad de precandidatos y posteriormente 14 eran candidatos formales.

 

El tema de fondo es que la violencia se extiende más allá y arremete contra toda la clase política, sin distinciones de cargo. Si se agregan las víctimas que ocupaban el cargo de alcaldes, regidores, ex regidores, síndicos, ex síndicos, así como dirigentes de partido la cifra se eleva a 122 homicidios de carácter político.

 

Estamos ante la jornada electoral más violenta en la historia de México.

 

No se trata de una crisis local, estatal o regional. Es la violencia generalizada que azota a todo el país la que empaña el ejercicio democrático.

 

El término es preciso: la democracia está bajo fuego. Estamos presenciando cómo los poderes criminales deciden intervenir en el proceso electoral y las urnas son sometidas a la dictadura de las balas.

 

Al asesinar candidatos, la delincuencia organizada despedaza procesos electorales completos. Es su manera de fracturar e influir en el raquítico orden político de municipios o distritos enteros.

 

Frente a esto las preguntas son obligadas: ¿Cuál es la acción, el proceder de la Secretaría de Gobernación peñista frente a esta ola incontenible de violencia?  ¿Cuáles son los protocolos para proteger candidatos?  ¿Cuáles son las órdenes que se han girado a las delegaciones estatales de Gobernación y de la Procuraduría General de la República? ¿Existe alguna coordinación entre partidos políticos y las regiones militares o navales para custodiar a abanderados que están bajo amenaza?

 

Nada, absolutamente nada de esto existe.

 

Ante la ola de ejecuciones el gobierno de Peña Nieto simplemente se ha replegado; se ha desentendido del proceso electoral más violento de la historia.

 

Tal parece que para el mandatario la consigna es muy simple: Blíndese quien pueda. El que tenga las posibilidades que lleve escolta, chaleco o camioneta blindada. Y el que no, simplemente que tenga cuidado.

 

Estamos ante un Estado incapaz de garantizar la seguridad de una jornada que será un parteaguas en la historia de México.

 

Pero como lo ha hecho por más de cinco años, el presidente pequeño ha optado por mirar para otro lado.

 

Como siempre quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., sin mx.