Cada día que transcurre surgen nuevas evidencias de que Puebla va en la ruta a un desastre mayúsculo.
La historia usted la conoce, generoso lector. El Congreso del Estado abroga la llamada ‘Ley Bala’ y deroga las modificaciones realizadas para que el fiscal general del estado pueda elegir a su sucesor. Las huestes de Morena salieron a festinar el movimiento legislativo con el ánimo propio de hinchas regiomontanos. Ya lo apuntamos hace unos días: sólo les falta salir a atropellar morenovallistas en la 5 Poniente.
Pero no fueron muy lejos. En respuesta y en un acontecimiento inédito, nunca antes visto en la historia de Puebla, el gobernador Antonio Gali Fayad ejerció su derecho de veto sobre las abrogaciones decretadas en el Congreso.
Con el espíritu mediático y farandulero que caracteriza a José Juan Espinosa, el legislador hizo una transmisión vía Facebook desde su automóvil donde anticipa que habrán de acudir ante el presidente electo López Obrador; ante ‘Olga Cordero’ (así lo dijo) y demás representantes de la cúpula del próximo poder federal.
Al día siguiente se dio cuenta que no bastaba con recurrir a su nuevo patrón. Es claro que en ese lapso le explicaron que el mandatario federal no podía vetar al Ejecutivo estatal, por lo que era necesario preparar un recurso jurídico.
Minutos después le ilustraron sobre esa acción legal que se denomina Controversia Constitucional y que es un litigio que se entabla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es claro que los diputados morenistas del congreso local consideran que tienen argumentos a su favor. Por su parte, el gobernador Gali Fayad, a través de su secretario general de Gobierno, afirma tener las facultades para vetar estos movimientos.
Pero ni uno, ni otros van a decidir. La resolución final quedará en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señoras y señores, estamos ante una de las mayores peleas jurídicas que se hayan visto en la historia de Puebla. Gobierno y Congreso se van a batir. Lo que viene es un acontecimiento nunca antes ocurrido.
Y apenas serán las dos primeras controversias constitucionales; una sobre la llamada ‘Ley Bala’ y la segunda por la derogación a las modificaciones sobre el tema de la Fiscalía.
Pero que nadie lo dude, esto va a seguir. Viene el tema de las expropiaciones exprés, de la privatización del agua potable y otras decenas de abrogaciones y derogaciones que surgirán en semanas y meses por venir.
Esto inexorablemente llevará a Puebla a la parálisis gubernamental.
El Congreso morenista ‘tirará piedra por piedra’ lo que queda del imperio morenovallista. Por su parte el gobernador Gali podrá vetar algunas medidas, pero de ninguna manera podrá bloquear todas. Algunos goles serán imparables.
Y esto seguirá así por meses. Los primeros litigios ante la Corte probablemente se prolongarán hasta 2019.
El factor de peso en este juego de vencidas será la estatura de los abogados. Aquí va a ganar la talla jurídica de quienes impugnen o sostengan los vetos del gobernador Gali.
Y hay que decirlo, si el Ejecutivo estatal quiere mantener su preeminencia moral y política deberá recurrir a despachos de abogados de la Ciudad de México, porque Diódoro Carrasco Altamirano de ninguna manera tiene la medida para pelear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como dato ilustrativo sólo podemos anotar que en los últimos meses Diódoro perdió dos controversias constitucionales ante el Ayuntamiento de Tehuacán. Así, de ese tamaño es la incompetencia del secretario general de Gobierno.
Y del otro lado de la calle no están mejor. Ni José Juan Espinosa, ni Gabriel Biestro son conocedores del ámbito jurídico. Y es claro que en este terreno tendrán que recurrir a la opinión y orientación del litigante Miguel Barbosa Huerta.
Por lo tanto lo que viene será de pronóstico reservado. Ya lo veremos.
Como siempre quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., sin mx.