Desde el nacimiento del México de las instituciones la Secretaría de Gobernación es el epicentro de la operatividad política. Una audiencia con el presidente de la República podría ser meramente protocolaria, pero una reunión con el huésped del Palacio de Cobián era definitoria.

 

Pocos edificios guardan la memoria histórica del Cobián; un inmueble construido en el Porfiriato y que desde los años posteriores al inicio de la Revolución fue sede de la Secretaría de Gobernación. Así ha permanecido hasta nuestros días.

 

La operación política del país se ha dirigido, operado y orquestado desde ese lugar. Pero hoy lo ocupa una respetable jurista que no tiene conocimiento en el ejercicio de la gobernanza. Por una simple y sencilla razón, porque no es su área, porque es un rubro en el que nunca ha trabajado. Su experiencia en este terreno es inexistente.

 

En una lectura primaria se esperaba que la señora fuese la operadora, el brazo jurídico del presidente López Obrador.

 

Pero en los primeros días de gobierno la jurista ha perdido dos batallas que tienen una importancia central para el mandatario.

 

Desde hace años se acuñó la frase: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Por esta razón el Ejecutivo propuso toda una serie de medidas de austeridad en la administración pública federal. La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos sería uno de los ejes de la era AMLO.

 

Un grupo de senadores, entre los que se encuentra Rafael Moreno Valle, anunciaron que emprenderían una acción de inconstitucionalidad contra el precepto. Debe subrayarse la prontitud, el apremio con el que actuaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En pocas horas analizaron y resolvieron en contra de la iniciativa presidencial.

 

Desde su cuenta de Twitter el senador Ricardo Monreal externó una delicada acusación:

 

“Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico ) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN. Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?”

 

“Inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa”.

 

El legislador anticipa una confrontación con el poder judicial que tocará el sensible renglón del presupuesto.

 

Pero todo esto ocurrió ante la mirada pasiva, inoperante de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, frente a un tema que conoce a profundidad: los manejos, los entramados que se operan en los pasillos de Pino Suárez 2, sede de la Suprema Corte.

 

La realidad es que la responsable de la gobernanza no previó, ni actuó para detener el golpe que los ministros dieron a la iniciativa presidencial.  La pasividad es de tal magnitud que nos lleva a preguntarnos ¿Realmente está operando la secretaria de Gobernación?

 

Las dudas, las suspicacias aumentan cuando conocemos el fallo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso Puebla.

 

La noche del sábado 8 de diciembre, luego de seis horas de análisis los magistrados decidieron fallar a favor de la candidata del PAN, Martha Erika Alonso, y desechar la solicitud de anulación interpuesta por Miguel Barbosa Huerta.

 

El tema central, toral de este litigio, fue el alegato final del magistrado José Luis Vargas Valdez quien con la frase “esta elección huele mal” acusó que en la Sala Superior del TEPJF hubo “tácticas dilatorias” de algunos magistrados para posponer el fallo. También dijo que saldrán “las razones del retraso”.

 

El magistrado ponente dejó entrever que la resolución obedeció a intereses y componendas suprajudiciales, mismas a las que se prestó la presidenta Janine Otálora.

 

Su intervención evidenció una profunda fractura interna y la injerencia de factores ajenos al Derecho; en síntesis la descomposición del tribunal electoral.

 

El caso Puebla es, sin duda, otro de los frentes que representaba un especial interés para el presidente López Obrador quien públicamente declaró que para él, Miguel Barbosa era el gobernador. Pese a ello maniobras y enjuagues bajo los estrados lograron una resolución contraria a la coalición Juntos Haremos Historia.

 

En una semana, en dos diferentes litigios, la cúpula del poder judicial  falló en contra de los intereses de AMLO.

 

Ante esto ¿Qué hizo la operadora jurídica del presidente? ¿Previó estos resultados? ¿Anticipó al mandatario los reveses?

 

La señora conoce a profundidad el teje y maneje del ámbito judicial; estuvo en la élite del medio durante más de tres décadas, en concreto 20 años como ministra.

 

Ante esto las preguntas son inevitables: ¿No pudo prever los resultados de dos litigios? ¿O realmente no puede operar en favor del mandatario y las causas que enarbola?

 

Es evidente que la brillante jurista no tiene capacidad de operación política. Y esto permitió que en una semana metieran dos balones en la portería presidencial.

 

Lamentable.

 

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