Si uno platica con los políticos y aspirantes locales de diferentes partes de la República se escuchan historias espeluznantes sobre cómo los ‘malandros’ les mandan mensajes: “si no estás con nosotros o si apoyas a los otros, te tronamos, a ti ya tu familia”.

Lanzarse de candidato ya no es un tema de vocación de servicio, ganas de cambiar o mejorar las cosas; ahora se trata o de someterse a un grupo u otro o de arriesgarse y arriesgar a la familia. Pocos tienen convicciones tan firmes, un amor a la patria tan grande, que están dispuestos a morir.

Este escenario está del terror. Preocupa que la política esté sometida al crimen organizado. Preocupa que no haya manera, en el corto plazo, de frenar a los delincuentes. Preocupa que la corrupción casi se justifica cuando la vida está en riesgo.

Este problema es más visible porque los candidatos y políticos están en el ojo público. Pero imagínense la que han de pasar jueces, ministerios públicos y procuradores de justicia. Estoy segura de que muchos de ellos también viven amedrentados, coaccionados o hasta cooptados por el crimen organizado.

Entonces el escenario se complica aún más, porque no hay quien haga cumplir la ley. Las probabilidades de ser castigado por matar, robar o violar son cada día más bajas, y pues esta vía se vuelve una opción fácil y más recurrente para personas con pocas oportunidades.

La verdad es que a nivel local se ha perdido el control sobre el uso de la fuerza pública. Están rebasados. Y el Gobierno federal ya no tiene los recursos ni el alcance para apagar todos los fuegos que hay en el país. Los militares y marinos no se pueden encargar del vacío que han dejado los gobiernos locales.

En distintos foros con expertos en seguridad se ha hablado de que la responsabilidad para recuperar el orden en el país recae en los gobiernos estatales y municipales. Los recursos en materia de seguridad tienen que estar dirigidos a la capacitación y profesionalización de policías locales. Pero también en el nivel judicial se tienen que llevar a cabo estrategias para garantizar la seguridad de quienes imparten justicia.

Sería un buen momento para que la Secretaría de Gobernación, el INE y la Fepade planteen un esquema que garantice, al menos, la seguridad de los candidatos, de los funcionarios de casilla y, claro, de los electores. Sería un buen momento para que los candidatos a la presidencia muestren verdadera preocupación.

Con estos niveles de violencia, la corrupción pasa a un segundo plano. Se buscan políticos valientes, rayando en héroes, que estén dispuestos a entrarle de lleno a resolver el problemón de seguridad. Urge una línea clara, recursos focalizados, una estrategia firme que vaya de lo federal a lo estatal, y de lo estatal a lo municipal. Porque si nadie se anima… ya valimos.