Durante los próximos seis años Martha Erika Alonso será la gobernadora de Puebla;  no hay vuelta atrás.

Esta última elección en Puebla nos dejó un mal sabor de boca y muchas lecciones.

Mientras los magistrados presentaban sus consideraciones a favor y en contra de la anulación de la elección, muchos pensábamos en cómo han sido los procesos electorales desde que los morenovallistas están en el poder.

A mí, a diferencia de los magistrados, nadie me lo cuenta, yo lo viví mientras competía para ser diputada federal en 2015; violencia, amenazas, presiones, en fin. Un sinnúmero de situaciones que como en este 2018 nunca nos dieron certeza de cuál realmente había sido el reflejo de la voluntad popular.

De acuerdo con las posturas vertidas por cada uno de los magistrados, la mayoría tuvo una sola coincidencia.

El papel del Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla fue vergonzoso, fueron omisos y tendenciosos.

¿Qué confianza le podemos tener a un instituto que no garantizó la certeza de sus procedimientos?

Los magistrados del TEPJF fueron muy claros en sus respectivas posturas.

Cada uno analizó de acuerdo a sus criterios y decidieron hasta con tácticas numéricas su votación.   

Mientras unos defendieron la cantidad de votos por candidato, otros más intentaron defender el principio constitucional de certeza que hoy queda en soberana duda.

Siendo exhibidos los integrantes del IEE en muchas instancias, nadie nos ha podido explicar de qué manera van a justificar las decenas de errores que cometieron y cómo le van a hacer para organizar las elecciones extraordinarias en cinco municipios.

Los siguientes años van a ser de lucha por la legitimidad.

El nuevo contexto obliga a la próxima gobernadora a ser incluyente y desapegada de las prácticas morenovallistas si es que quiere hacer que este episodio amargo se olvide.