Alguien cercano al futuro presidente le ha hecho ver que eso está mal. Que ya no es candidato a la presidencia, sino el presidente electo con una aplastante mayoría de 30 millones de votos, cantidad que ningún presidente en toda la historia del país logró, y que por lo mismo debe ser tolerante con la crítica mediática o acabará siendo considerado enemigo de la libertad de expresión, como ya lo son Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Hay una tradición de la izquierda mexicana, de considerar “prensa seria” a los medios de comunicación que elogian todas sus actuaciones, buenas o malas, y “prensa vendida” a los medios que hacen crítica buena o mala, pero crítica. La izquierda fuera del poder siempre se ha mostrado intolerante a la crítica, y esa intolerancia sube de tono y llega hasta límites inconcebibles si la izquierda se instala en el poder.
López Obrador ya ha pedido disculpas por los exabruptos que ha tenido contra los medios o comunicadores que han expresado su opinión respecto a actos o declaraciones que no han gustado a algunos sectores, pero lo malo es que muchos de sus seguidores, en la capital y en la provincia, enfermos de sarampión izquierdista, suben su intolerancia al máximo, y eso sería sumamente grave si no se detiene a tiempo.
En Puebla por ejemplo, los diputados locales de Morena, queriendo aparentar una militancia de izquierda acelerada, que nunca antes han tenido, están amenazando con la desaparición de poderes, que implica no sólo la destitución del Ejecutivo, sino la del Legislativo y la del Judicial, sin justificar jurídicamente esa medida.
Para decretar la desaparición de poderes, como han dicho, se requiere una decisión del Congreso de la Unión, no del Congreso local, y esa decisión debe ser bien sustentada desde el punto de vista legal.
Si no hay razones bien fundadas, como la ingobernabilidad, la petición del mayor porcentaje de ayuntamientos por problemas con los poderes estatales, etc, tal amenaza es un mal chiste.
Acusar al gobernador Antonio Gali de boicotear al Congreso del Estado, y por eso amenazar con decretar “la desaparición de Poderes”, es una aberración que se explica sólo porque los señores diputados de Morena, del PT y del PES son primerizos, pero sobre todo, políticos inmaduros, sin experiencia, sin oficio y sin sensibilidad.
Deberían contratar los servicios de la diputada priista Rocío García Olmedo para que les diera algunas lecciones de derecho elemental, para que entiendan cuál es su papel y qué es lo que, como diputados locales, pueden hacer y lo que no pueden hacer. Esas lecciones deben empezar por explicarles que los poderes del Estado son tres: el Legislativo, que ellos, los mismos diputados lo constituyen; El Ejecutivo, que es el gobernador y el Judicial, que lo forman los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Los diputados que acaban de entrar ¿se van a desaparecer a sí mismos? Sólo que se hayan vuelto locos.
Y parece que la locura es un mal endémico en toda la clase política: las cúpulas del PRI se volvieron locas con tanto poder acumulado a lo largo de los años; el PAN permitió ser infiltrado por políticos completamente ajenos a su ideología y por empresarios políticos, y por poco y acaban con él; y el PRD, ni se diga. Nació dividido y está a punto de desaparecer por sus interminables divisiones internas.
La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo en recientes declaraciones a un medio televisivo que su partido ha sufrido la peor derrota de su historia, pero sigue siendo un partido que gobierna varios estados, que tiene presencia nacional, como tal vez ningún otro, que gobierna numerosos municipios importantes, medianos y pequeños, que tiene diputados en todos los congresos locales, que tiene una bancada muy disminuida en el Congreso federal y en el senado, y que obtuvo nueve millones de votos, que no son poca cosa. Opina que los priistas deben dejar atrás el siglo XX y convertir a su organización en un partido del siglo XXI.