Luis Miguel Barbosa es el primero en resbalar, pero no será el último. En el día 8 de la campaña electoral, los tres principales candidatos a gobernar el estado sufren el asedio mediático para escarbar en sus patrimonios lo que aparece, pero sobre todo lo que no aparece. La declaración 3de3 es el punto de partida para cuestionar más que sus dineros, sus trayectorias patrimoniales: de dónde partieron, pero sobre todo a dónde llegaron.

De entrada, puede decirse que los tres principales candidatos al gobierno son millonarios. La política es un buen negocio, sin duda. Según sus declaraciones 3de3, Barbosa, Doger y Martha Erika pertenecen a esa minúscula élite nacional que tiene más de 10 millones de pesos en bienes, cuentas y valores bursátiles. Con 18 millones de pesos, Alonso Hidalgo es la que más abultada tiene la chequera; el senador con licencia supera los 15 millones y el candidato tricolor sería el más empobrecido con apenas 12.

Pero no todos arrancaron igual.

Por lo que sabemos de sus orígenes, Luis Miguel Barbosa viene de una familia humilde de Zinacatepec pero con conexiones políticas con el legendario cacique de la zona, Amador Hernández. Esas conexiones le permitieron irse a la CDMX a estudiar derecho, pero definitivamente no tiene un origen pudiente o empresarial.

Como Barbosa ha vivido de la política toda su vida, sorprende su tren de vida, cuando además sus únicos cargos de relativa importancia son una diputación federal y una senaduría. ¿Con eso pudo juntar 15 millones, incluida una casa en Coyoacán? ¿A esos 18 millones le sumamos o le restamos los 1.6 millones que se gastó en viajes en 2015?  Con esa afición por los lujos está más cerca de Ricardo Anaya que de López Obrador.

De Enrique Doger sabemos que viene de una familia de clase media que le permitió realizar estudios universitarios con holgura y le heredó un gran terreno en la zona sur de la ciudad. Con su dilatada carrera política que incluye siete años de rectorado, tres de alcalde en Puebla capital, diputación local, federal y la delegación del IMSS, hasta podría decirse que su patrimonio de 12 millones de pesos es relativamente pequeño.

Tampoco se le conoce desempeño empresarial, aunque su hijo Nahim ha estado ligado a una variedad de negocios, sobre todo restauranteros y de servicios. Sobre el candidato tricolor siempre se ha especulado de familias y propiedades, pero ahora es el momento de que todo se revele. Y seguramente se revelará, porque Barbosa no se va a quedar de brazos cruzados. Ya amenazó ayer con revelar la “vida de sultán” del ex rector. Veremos qué nos ofrece hoy.

Por herencia, Martha Erika Alonso es la más adinerada. Sus orígenes familiares en Tecamachalco no se ponen de acuerdo, pues para algunos su papá era un empresario venido a más y otros, un empresario venido a menos. Lo que queda claro es que heredó a su viuda e hijos un buen paquete de bienes inmuebles, entre los que se incluye un terreno de 122 hectáreas en San José Chiapa, predio del que los morenos se agarran para desviar la atención.

¿Por qué?

Por la inmediatez, cercanía, del proyecto de infraestructura más importante del sexenio de Rafael Moreno Valle que fue la atracción de la planta Audi y la creación de la Ciudad Modelo. José Juan empezó y Barbosa le siguió: el ex gobernador decidió que ahí se instalara la automotriz premium para beneficiar la especulación inmobiliaria del terreno de su esposa.

Ignoro dónde esté el mentado terreno de 122 hectáreas, pero a todos los que he preguntado dicen que se encuentra fuera del polígono de Ciudad Modelo, lejos de la planta y que su vocación es agrícola. Suponiendo sin conceder que el precio del metro cuadrado fuera de mil pesos, el predio en cuestión vale 122 millones de pesos. Es una cantidad fuerte, pero ¿cuánto valía antes de Audi? ¿De verdad alguien puede creer que un gobierno invierte más de 10 mil millones de pesos para que otro predio suba el 60 por ciento de su valor?

De acuerdo con su 3de3, prácticamente el único trabajo remunerado que ha tenido en años Martha Erika fue como secretaria general del PAN donde le pagaban 50 mil pesos al mes. Como presidenta del DIF estatal no ganó un peso pero sí donó a su propio programa de ‘Beca un Niño Indígena’. Casi puede decirse que vive de sus rentas.

Ahora comenzó la verdadera batalla: escarbar los patrimonios para escudriñar la honestidad de los candidatos.