Aquellos que, sin la razón jurídica ni los votos mayoritarios, anhelaban que un golpe político del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les entregara la anulación de la elección en Puebla o la victoria de Barbosa, quizá deberán esperar tiempos mejores. En Morena las prioridades han cambiado.

Las ‘minivacaciones’ del tabasqueño en La Chingada fueron sacudidas ayer cuando el Consejo General del INE encontró culpable a Morena de financiamiento ilegal paralelo mediante el fideicomiso supuestamente para víctimas del sismo del 19-S y le impuso una multa de 197 millones de pesos.

No por el monto, sino por el fondo del asunto, el golpe político es brutal porque López Obrador ya tiene su Pemexgate o sus ‘Amigos de Fox’. Es decir, que no hay tanta diferencia entre los actos de corrupción de uno y otro bando. Es prioritario impedir que el TEPJF anule la multa y el modus operandi hallado por el Consejo General del INE en votación 10-1.

De acuerdo con la relatoría de los hechos, de los 78.8 millones recaudados de forma irregular, 64 millones fueron a parar no a víctimas del terremoto, sino a 70 personas en nómina de Morena. Y uno de los cobradores fue Rodrigo Abdala, nuestro próximo ‘virrey’ o superdelegado en Puebla, quien cobró un cheque de caja por un millón 400 mil pesos.

A reserva de conocer la lista completa de las 70 personas que cobraron los cheques para operar políticamente —69 si consideramos que ya se conoce la participación de Abdala—, el asunto va a escalar porque el Consejo General resolvió darle vista al SAT, a la PGR, a la Fepade y a la Comisión Bancaria y de Valores.

El debate en el Consejo General del INE fue intensísimo y Horacio Duarte, representante de Morena, próximo subsecretario del Trabajo y uno de los responsables de llevar a buen puerto la impugnación de Puebla, afirmó que la sanción de 197 millones de pesos, así como la confirmación del esquema ilegal de financiamiento, tendrá que ser ratificada por el TEPJF.

En el Comité Técnico de ese fideicomiso hay personalidades destacadas: Laura Esquivel, Julio Scherer Ibarra, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel, Bertha Maldonado, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska y el padre Alejandro Solalinde. Por ejemplo, Scherer Ibarra será consejero jurídico y Jesusa Rodríguez es la senadora suplente de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Solalinde es el ‘metiche’ morenista por antonomasia.

Así que las cosas parecen muy claras: si Andrés Manuel López Obrador tiene que operar en el TEPJF con los magistrados, ¿para qué preferirá hacerlo? ¿Para que anulen la elección en Puebla o para que se exonere a Morena —y a muchos operadores como Abdala que tienen futuro promisorio— de la multa y el esquema ilegal de financiamiento?

¿Horacio Duarte, Yeidckol Polevnsky a qué dedicarán las horas de las próximas semanas? ¿A salvar a Morena de la multa, de la carga inmoral de tener su propio Pemexgate o sus ‘Amigos de Fox’, o a rescatar a Luis Miguel Barbosa, quien no ha podido entregarles las actas y los números con los que ganó?

Prioridades son prioridades, amiguitos. Salvar a Morena en el TEPJF es más importante que la gubernatura de Puebla. Será para otra ocasión.