En el equipo de transición de Martha Erika Alonso, donde destaca Eduardo Tovilla Lara por toda su experiencia de más de dos décadas en la Secretaría de Finanzas y Administración, hay una preocupación contagiada por los gobernadores en funciones: el escenario de incertidumbre respecto del Presupuesto de Egresos que ya diseña el equipo financiero de Andrés Manuel López Obrador para el próximo año.

La preocupación es simple: el tabasqueño necesita alrededor de 500 mil millones de pesos para arrancar sus promesas de campaña, y específicamente su programa de 35 acciones prioritarias estará a cargo de los “vicegobernadores”, “procónsules” o ‘superdelegados’ de la Federación en cada entidad federativa.

La sospecha de los gobernadores en funciones es que AMLO va a tomar todos los recursos disponibles, entre ellos los que usualmente se transferían de la Federación a los estados para programas específicos. En el caso de Puebla, significaría un golpe de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos para 2019.

Durante los seis años de Moreno Valle, más el de Gali, gracias a sus excelentes relaciones con los encargados de Hacienda, Puebla obtuvo anualmente ingresos extraordinarios por el rubro de convenios de entre 11 mil y 20 mil millones de pesos. Estos convenios son recursos no etiquetados, fuera del esquema de Coordinación fiscal, es decir, la Federación no tiene obligación de enviarlos. Depende de la buena voluntad, de acuerdos políticos.

El mejor año en materia de recursos extraordinarios por Convenios fue 2016, cuando se recibieron 20 mil 604 millones de pesos. En el primero de Gali esos recursos extraordinarios alcanzaron 15 mil 748 millones. ¿Qué va a pasar en el paquete fiscal del primer año de López Obrador? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

Por ello no es sorprendente que el paquete de compromisos de campaña de Martha Erika sea relativamente austero, pues se vienen años de ‘vacas flacas’. A ella le tocará administrar la escasez.

Utilizando cifras de 2017, el primer año de Tony Gali, los ingresos totales del gobierno alcanzaron 93 mil 549 millones de pesos, alrededor de 65 mil provienen de recursos federales en el esquema de participaciones y aportaciones, el dinero que de forma obligatoria tiene que enviar la Federación a los estados. Otros nueve mil millones de pesos provienen de ingresos propios, más otros tres mil millones de otros ingresos no identificables.

Es decir, lo único que Martha Erika Alonso tiene asegurado para su primer año de gobierno son alrededor de 77 mil millones de pesos, pues de la voluntad política de AMLO y su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dependerán otros 16 mil millones o más.

¿Qué puede hacer Alonso Hidalgo con 77 mil millones de pesos, en caso que el gobierno federal retirara todo el dinero que envía a Puebla en concepto de convenios o recursos extraordinarios?

Pues el gobierno de Puebla sufriría un retroceso presupuestal que nos llevaría a 2013, pues en ese año el entonces gobernador Rafael Moreno Valle ejerció poco más de 76 mil millones de pesos.

No en balde el primer concepto que maneja la gobernadora electa, tanto en las reuniones con su equipo en la entrega-recepción con los funcionarios de Gali Fayad, es la austeridad autoimpuesta previendo el peor escenario presupuestal posible, pues la Cámara de Diputados dominada por Morena hará todo por quitarles recursos a los gobernadores del PRI y del PAN. La batalla presupuestal será de antología.

Así que para todos los entusiasmados por ingresar al gobierno de Alonso Hidalgo y autopromocionarse como secretarios de esto o lo otro, deberán recordar que se avecinan las ‘vacas flacas’, y que la austeridad dejará de ser un discurso para convertirse en un hecho doloroso. Lo mismo ocurrirá en las demás entidades.

Precisamente, esos recursos extraordinarios a través de convenios serán el primer presupuesto con el que contará Rodrigo Abdala en su calidad de ‘superdelegado’. Cada peso que MEA pierda seguro irá a parar a las alforjas del vicegobernador designado por López Obrador.