No en balde el inglés John Locke es el primer gran teórico moderno de la división de poderes, quien en su magna obra Dos tratados sobre el gobierno civil, definió la relación entre el Legislativo, Ejecutivo y Judicial como un “equilibrio de pesos y contrapesos”. Checks and balances es una de las máximas expresiones del pensamiento jurídico que responde a una necesidad política: la capacidad de que un poder pueda frenar a otro en sus excesos.

 

Pido al lector un poco de paciencia: si bien el poder Legislativo representa la soberanía popular en su máxima expresión de aprobar leyes generales e impersonales, las leyes no son leyes —valga la redundancia— hasta que interviene el Ejecutivo con una facultad fundamental: la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Esto es, hasta que se considera que se le ha dado máxima publicidad en el órgano establecido para tal efecto.

 

En todas las democracias modernas se reconoce el poder de veto, es decir, la facultad del Ejecutivo para frenar la publicación de las leyes aprobadas por la mayoría. En algunos países existe lo que se conoce como “veto de bolsillo”, es decir, el Legislativo envía la ley aprobada, y el Ejecutivo nunca la publica, por lo que no asume obligatoriedad.

 

En otros, el poder de veto se encuentra expresamente regulado, es decir, se establece un plazo para que la legislación sea rechazada señalando puntos específicos, de tal forma que el Legislativo deba atenderlos y para superarlo, realice las modificaciones o vuelva a votarlo, a condición de que se apruebe no con mayoría simple, sino con las dos terceras partes.

 

Esta larga explicación académica es necesaria para entender la División de Poderes que hoy vive Puebla, pues la mayoría de 22 diputados identificados de Morena han decidido ejercer la ‘tiranía’ de la mayoría, es decir, creen que pueden hacer y deshacer conforme a sus objetivos políticos o caprichos personalísimos sin respetar los equilibrios básicos de una sociedad democrática.

 

Pero se olvidan, precisamente, del poder de veto que la Constitución poblana le otorga al Ejecutivo para frenar a la ‘tiranía’ de la mayoría y que se contiene en el artículo 64 de nuestro máximo ordenamiento que refiere en sus fracciones IV, V y VI y establece:

 

“IV.- Envío al Ejecutivo del Proyecto aprobado para que en término de quince días haga observaciones o manifieste que no las hace.

 

V.- En el primer caso de la fracción anterior, volverá el asunto a la Comisión para que, en vista de las observaciones del Ejecutivo, formule un mes después nuevo dictamen, el cual será discutido y puesto a votación; pero sólo se considerará aprobado en los puntos objetados, por el voto de los dos tercios de los Diputados presentes.

 

VI.- El Ejecutivo podrá comisionar al funcionario que estime conveniente, para que defienda ante la Cámara las iniciativas que proponga o las observaciones que haga a un proyecto; a ese efecto, el Presidente del Congreso le comunicará el día señalado para la discusión”.

 

Pongamos como ejemplo la contrarreforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía aprobada ayer por la mayoría de diputados identificada con Morena, más el apoyo del PRI, en una ‘chicanada’ que apuesta por violar la irretroactividad de la ley para poder bajar a Gilberto Higuera Bernal, declarar vacante la Fiscalía tras la licencia de Carrancá e iniciar el procedimiento para nombrar uno nuevo.

 

 

El plan, por supuesto, es un despropósito absoluto, ya que la LX Legislatura, en apenas tres semanas, sería peor que los Congresos que dominó Moreno Valle, Marín y toda la historia previa de Puebla, pues hasta ahora en la historia ningún grupo de diputados había querido violar de forma dolosa y flagrante el principio de irretroactividad de la ley. Biestro, José Juan y compañía exhibieron su verdadera calaña. ¡Qué miedo estar en sus manos!

 

Afortunadamente existe la División de Poderes: luego de turnarle al Ejecutivo la minuta aprobada de la contrarreforma, Gali tendrá largos 15 días hábiles para decidir si publica o hace observaciones. Ese plazo vencería, teóricamente, el 17 de octubre. Luego, la misma mayoría de Morena tendría que esperar un mes para volver a votar, esto es, al 17 de noviembre, pero debería sumar las dos terceras partes, 27 votos, que no tienen de momento.

 

 

Si no suman esos 27 votos, Gali no publicaría la reforma a la FGE y todo se queda en el estado que guarda, esto es, Gilberto Higuera Bernal se mantendrá al frente de la procuración de justicia sin que Morena pueda hacer nada para impedirlo.

 

El mecanismo del veto funcionará como escudo contra todas las locuras que quieran aprobar Biestro, José Juan y compañía, quienes tienen un muro en sus narices, por si no habían leído la Constitución poblana. Su mayoría de 22 diputados tiene freno constitucional. Si no negocian, se van a quedar con las ganas.

 

¡Bendito John Locke! ¡Bendita División de Poderes! ¡Benditos pesos y contrapesos de la democracia! Estamos salvados.