¿En qué momento comenzaron a ser sinónimos la protesta social y el vandalismo? No se sabe realmente, pero en la última semana en Puebla ha sido pródiga para atestiguar cómo la lucha social por ciertas causas —legítimas o no— se ha convertido en pretexto para lastimar derechos de terceros. Derechos, por cierto, tan legítimos como las causas que han provocado la movilización de esos colectivos.
Todo comenzó con la marcha proaborto de la semana pasada, cuando de un contingente de 200 mujeres que salieron a las calles a protestar para que deje de ser delito y pueda regularse, se desprendió un grupúsculo que usaba trapos en forma de máscara y comenzaron a realizar grafitis en inmuebles privados, el Congreso local y las paredes del atrio de la Catedral poblana.
El Centro Histórico, catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, fue blanco del odio incubado por las feministas radicales, bien llamadas ‘feminazis’, quienes festejaron las pintas bajo el argumento de que “las paredes se limpian, pero las muertas no vuelven” o alguna estupidez parecida. Tampoco faltó el sesudo activista que afirmó que todas las protestas sociales siempre se mueven en el margen de transgredir el orden social para conseguir sus objetivos.
Por supuesto, las feministas radicales salieron muy malparadas de esa agresión al patrimonio privado de decenas de poblanos, que puede o no estar de acuerdo con el aborto, pero que no tiene por qué sufrir una agresión en su patrimonio. Atacaron el patrimonio público, privado e histórico. La acción fue festinada incluso por mujeres de probada inteligencia como Edurne Ochoa y Norma Estela Pimentel como forma de demostrar que el radicalismo es un virus que puede afectar a cualquiera.
Por supuesto, los medios de comunicación dimos cobertura a esos ataques vandálicos, lo cual llevó a las feministas radicales a decir que los periodistas criminalizábamos “la protesta social”, lo que en el diccionario español-chairo/chairo-español se traduce como “no avalan que saquemos nuestro resentimiento social chingando a los demás”.
Pero ninguna autoridad reaccionó en contra de las ‘feminazis’, pese a que grafitear inmuebles públicos y privados ya se considera delito con la reforma avalada por los morenovallistas en 2015 en sus disposiciones en los artículos 185, 413 Bis y 413 Ter, todos del Código Penal del Estado, contempla hasta seis años de prisión por realizar pintas en inmuebles públicos o privados.
¿Alguien detuvo a las ‘feminazis’? ¿Alguien las denunció?
Pues no. Pero como el mal ejemplo cunde, apenas unos días después ocurrió lo mismo con pretexto del aniversario de los 50 años del 2 de octubre de 1968. Jóvenes universitarios de la BUAP salieron desde CU en un contingente de casi dos mil personas, pero nuevamente los encapuchados hicieron su aparición para vandalizar.
Ahora le tocó a la sede de la Fiscalía General del Estado y a todos los paraderos de RUTA 3 a lo largo del Bulevar 5 de Mayo que ni siquiera han sido terminados. Condenas, recriminaciones y la herencia de los jóvenes muertos en ese trágico día les dieron licencia para vandalizar sin piedad ni remordimiento.
¿Alguien los denunció?
Y lo peor de todo: una nueva incursión de fuerzas de seguridad en Palmarito Tochapan desembocó en una toma de la autopista Puebla-Orizaba, carretera que comienza a convertirse en el rehén perfecto de grupos con “demandas sociales” que usan como mecanismo de presión el bloqueo durante horas y horas, lo que se convierte en un virtual secuestro de personas, mercancías y bienes en una de las principales, por no decir única, vía de acceso del sur sureste a la CDMX.
Los habitantes de esa junta auxiliar “solamente” le hicieron la vida imposible por cinco o seis horas a automovilistas y camioneros. Pero los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan que reclaman un pago histórico millonario han cerrado la autopista México-Puebla por más de nueve horas y les funcionó, ya que les dieron su cheque por 176 millones.
Así, ahora vandalizar, atropellar, dañar los derechos de terceros, se considera como parte de la protesta social para “elevar su voz y dar visibilidad a sus demandas”. Con tantos malos ejemplos, ahora los luchadores sociales son delincuentes, o viceversa.
¿En qué momento caímos en esto?