Entre el auténtico pánico financiero y la campaña del miedo desplegada por poderosos grupos de interés, la consulta tramposa sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) va a marcar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien pretende convertirse en un moderno Pilatos gracias a los ciudadanos que acudan a los centros de votación: podrá ‘lavarse las manos’ de la cancelación del proyecto de Texcoco atribuyendo al pueblo bueno y participativo la decisión que él tomó desde la campaña, pero no se decide a impulsar en solitario.
Yo confieso que aún no decido si acudiré a votar. Tengo claro que pese a su oneroso costo, estoy a favor de que continúe el proyecto en Texcoco por ser una obra que nos acerca al primer mundo, mientras que Santa Lucía es la expresión de un pensamiento chiquito, enano, tercermundista: paliar, parchar, ahorrar, sin resolver el problema de fondo y por un buen tiempo.
El costo de la construcción puede ajustarse a la baja, revisar contratos, modificar concesiones y expropiar los terrenos circundantes si es cierto que la oligarquía de empresarios y políticos corruptos cercanos al PRI compraron toda la tierra alrededor del nuevo aeropuerto en un ejercicio rapaz de especulación inmobiliaria. La corrupción del proyecto se puede limpiar.
López Obrador puede frenar el derroche, expropiar a los oligarcas y continuar el proyecto de Texcoco, pero no le interesa. Bancos, organismos empresariales, aerolíneas internacionales, calificadoras, asociaciones de pilotos. Todos lo que participan en el juego económico cerrando filas alrededores de Texcoco advirtiendo al presidente electo de las funestas consecuencias de cancelar la construcción, en específico la pérdida de la confianza en el Estado mexicano, que es capaz de revertir decisiones con el chasquido de un dedo al estilo Thanos.
Para mostrar que las amenazas son reales, la paridad peso-dólar perdió 30 centavos en un solo día y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lleva tres jornadas a la baja. Un estudio de BBVA-Bancomer dice que el costo de la cancelación fue mal calculado y se elevará a 200 mil millones de pesos. Otro estudio de Citigroup dijo que se avecina el “error de octubre”.
Pero López Obrador ya tomó su decisión. Se ‘cansa ganso’ de que va a tumbar Texcoco al precio que sea. La consulta sólo es un instrumento para rebajarle el costo de imagen, para poder ‘lavarse las manos’ como Pilatos: fue el pueblo bueno el que tomó la decisión de cancelar el monumento al derroche. Si la economía se hunde desde el próximo lunes, no fue él, sino el pueblo.
En ese momento, todos los que asistamos a votar en la consulta tramposa vamos a compartir la sangre en las manos por acuchillar el principal proyecto de desarrollo económico del país. López Obrador no será el único culpable, sino los ingenuos que pensaron que su opinión era importante en el esquema de “democracia participativa” que en realidad es un ejercicio de democracia directa, un asambleísmo populista sin fundamento legal.
Al final, mi principal desacuerdo con la consulta es su carencia de legalidad. Acudir a la consulta del NAICM es legitimar un ejercicio ilegal a todas luces, pues ese ejercicio de democracia directa ya está regulado en la Constitución y la Ley de Consulta Popular, quien establece plazos, mecanismos e incluso la atribución a la Suprema Corte en la redacción de la pregunta para evitar sesgos o inducciones gramaticales.
El encuestador Alejandro Moreno demostró en El Financiero el sesgo de la pregunta, pues en una pregunta neutra gana Texcoco, pero con la planteada por los ‘cerebros’ lopezobradoristas de forma mañosa se induce para ganar la opción de remozar el Benito Juárez y construir Santa Lucía, pese a que no hay proyecto ejecutivo ni arquitectónico. Ni siquiera un cálculo realista de costos.
En la consulta impulsada por López Obrador no hay imparcialidad porque no hay legalidad. La Ley de Consulta Popular precisamente protege eso, la imparcialidad, así como realizarla en concurrencia con comicios federales para aumentar la participación, el debate, la información, el cómputo de los votos. La legalidad le da una fuerza vinculante.
Precisamente, sin legalidad, la consulta del NAICM carece de fuerza vinculante. Sin procedimiento definido, todo está sujeto a debate: la selección de los municipios donde podrá votarse, la sobrerrepresentación de los estados del sur, el menosprecio a CDMX, la impresión de las boletas, el pago del ejercicio, la falibilidad del cómputo, el escenario de manipulación. Todo se debate porque no hay legalidad.
La consulta del NAICM que comienza hoy no es plural, ni democrática, ni legal. Es un ejercicio que simula democracia, pero que en realidad infecta al pueblo bueno y lo usa para reducirle costos al líder que tomó la decisión, pero no quiere asumir las consecuencias ante la Historia. Los ciudadanos que acudan, acudamos, pues, serán o seremos manipulados en un asambleísmo.
Por todas esas razones, no acudiré a las casillas de la consulta NAICM ni daré mi voto pese a la clara preferencia que tengo por Texcoco. El 1 de julio le di mi voto a Andrés Manuel López Obrador para que tome decisiones, no para que se esconda detrás de consultas truqueadas, mañosas, ilegales.