El próximo lunes 26 de noviembre, cinco días antes de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, la Sala Superior del TEPJF dará carpetazo final a la elección de gobernador de Puebla. La decisión final, ya corre el rumor, será dividida y no encontrará unanimidad de los siete magistrados.

La situación política es insostenible, y alargar el resolutivo no sólo juega contra los nervios de miles de poblanos que pasan los días ‘deshojando la margarita’ del resolutivo: se anula, se confirma, se anula, se confirma, se anula, se confirma. La incertidumbre, sin embargo, no afecta a quienes forman parte del círculo rojo o a los cientos o miles beneficiarios indirectos del juego político entre partidos y candidatos.

No, la incertidumbre juega contra Puebla en todas sus vertientes, especialmente en tres: seguridad pública, clima de inversiones y finanzas del próximo gobierno, cualquiera que sea su color.

El primer dato lo dio la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco ante el incremento de la percepción de inseguridad en su primer mes de gobierno. Tiene toda la razón: si el crimen organizado busca aprovechar todos los resquicios posibles, el momento propicio para atacar a los poblanos es en este interregno, donde todos los poderes son débiles.

El tiempo es la primera lógica que debilita al gobierno federal, a punto de entregar las responsabilidades a Alfonso Durazo con el proyecto de la Guardia Nacional. Pero ni uno suelta ni el otro asume. Pero el proyecto, lejos de generar consenso, encontró sus primeras resistencias ante las ONG que rechazan la militarización, además de los grupos progresistas que le retiraron su apoyo a AMLO y se encuentran plenamente decepcionadas.

A efectos estatales, el tiempo de gobierno de Tony Gali se agota. Para el próximo 29 de noviembre realizará su segundo informe, pero lo cierto es que Chucho Morales aún no sabe a quién le entregará la SSP, ni Diódoro Carrasco la SGG. El vacío de poder se aproxima, pero en ese vacío los criminales se dan vuelo.

Como tercera variable hay que considerar el periodo de novatez de los alcaldes de la zona metropolitana, todos inexpertos y todos emanados de Morena. La falta de coordinación es evidente, además la mayoría de ellos alegan haber encontrado profundos déficits, tanto en recursos materiales como humanos, para desempeñar con eficiencia la función de la seguridad pública.

Del clima de inversión deteriorado para México por la cancelación del NAICM en Texcoco y después la iniciativa para eliminar las comisiones bancarias, para Puebla aún hay más incertidumbre tras varios años en los que Audi, cadenas hoteleras y desarrollos inmobiliarios decidieron invertir fuertes sumas de dinero en la entidad.

La realidad es que no hay empresario ni grupo inversionista que no tenga detenidos sus proyectos hasta conocer el resolutivo del TEPJF.

Y del asunto de presupuesto ya hemos hablado en este espacio: al día de hoy, el equipo económico de Martha Erika Alonso, encabezado por Eduardo Tovilla, no ha podido entrar en contacto ni con los subsecretarios del próximo titular de Hacienda, Carlos Urzúa, ni con nadie de la cúpula de Morena en San Lázaro.

Cumpliendo con los tiempos legales, el gobierno de Gali ya envió su iniciativa de Ley de Ingresos al Congreso local por 89 mil millones, 80 mil de ellos calculando recursos federales.

Así que Puebla no aguanta un minuto más de incertidumbre: el día es el 26 de noviembre. Y si no, preparados para colisión.