Frente al castigo presupuestal que Andrés Manuel López Obrador le aplica a Puebla, la gobernadora Martha Erika Alonso y su secretario de Finanzas, Eduardo Tovilla, han optado por guardar un silencio prudente. No quieren tragar fuego y enfrentar frontalmente al nuevo gobierno federal por un tema espinoso, pero que al día de hoy no acaba de ser aclarado.

 

De hecho, los Criterios de Política Económica en el PEF 2019 son tan confusos que nadie trae una cifra con claridad del dinero asignado para Puebla. Hay tres montos diferentes. Algunos diputados federales de Morena traen datos de que ascenderá a 80 mil millones, mientras que los del PRI y PAN aducen que el monto real es de 86 millones.

 

Es una obviedad digna del filósofo de Güémez afirmar que entre más dinero entra, menos se siente el recorte.

 

Para los que defienden el monto de los 86 mil millones, el tijeretazo no es tan rudo como se quiere vender, pues la entidad sólo perdería entre dos y cuatro mil millones de pesos respecto de 2018.

 

Pero desde la versión de los 80 mil millones, el recorte es superior al 10 por ciento, y en términos reales puede llegar hasta el 15 por ciento, lo que sí impacta la operación del gobierno estatal, sobre todo si se considera que AMLO no contempló ningún proyecto de infraestructura para la entidad, además varios fondos quedaron en ceros, por lo que es difícil que a lo largo del año puedan reponerse, por ejemplo, los apoyos al campo.

 

En esta perspectiva, y tomando en cuenta que México es una República federal, valdría la pena abrir un pleito grande, como el que ya traen Enrique Alfaro y ‘El Bronco’ en defensa de sus estados, y que van a hacer valer en una reunión con la CONAGO a final de semana con el secretario Carlos Urzúa.

 

¿Debería sumarse Martha Erika al pleito?

 

¿Pelearse con la cocinera?

 

De entrada, la gobernadora ha optado por la misma prudencia que asumió a lo largo del conflicto poselectoral: un silencio que permita el margen de maniobra subterráneo, con el objetivo de subsanar a lo largo del año los recortes mediante la negociación directa con Hacienda. Es una perspectiva optimista, pero….

 

Pero puede funcionar. O por lo menos le funcionó así al rector Esparza, quien se negó a firmar el desplegado de la ANUIES o si quiera hacer declaraciones sobre el recorte de 3.8 por ciento. El responsable de los destinos de la BUAP prefirió el silencio y salió ganador, pues el presidente ha decidido reconsiderar los tijeretazos.

 

El compromiso de AMLO fue restituir lo que tenían en 2018, y sumarle el factor inflacionario, por lo que el PEF deberá ser corregido con cinco mil millones de pesos. Las universidades públicas volverán a ganar, lo que significa que Hacienda deberá reasignar, por no decir, quitarle un pedazo de la cobija a otros rubros.

 

En política cada quien tiene sus estrategias, y seguramente la gobernadora considera que no es el momento idóneo para estirar la liga y romperla, pues le esperan seis años de convivencia con el equipo de AMLO, de tal forma que un error en este momento puede agravar la situación de forma irremediable.

 

Al final, la Presidencia de la República es un elefante pesado al que nadie le aguanta un recargón.

 

‘Nadar de muertito’ y apechugar, parece ser la instrucción. Con el curso de los años sabremos si fue la estrategia errónea o calculó bien su momento y oportunidad, o quizá debió de haber dado la batalla con más firmeza.