Los mudos del gabinete de seguridad del gobierno estatal por fin han hablado. Diódoro Carrasco, Jesús Morales Rodríguez, titulares de SGG y SPP, respectivamente, sólo confirmaron lo que ya se temía: un acuerdo cupular del morenovallismo ha abierto paso a convalidar la candidatura de Alejandro Martínez Fuentes, el hermano del capo ‘El Toñín’, quien podrá contender y posiblemente ganar la alcaldía de Quecholac pese al evidente riesgo de estado que significa la infiltración del crimen organizado del huachicol en las instituciones.

 

Hoy, tras meses de persecución y cacería, ya nadie se acuerda quién es aquel que nos vendieron como el gran capo que azotaba la región del Triángulo Rojo, Antonio Martínez Fuentes, junto al ‘Bukanas’ y al ‘Kalimba’.

 

Nadie sabe, nadie supo, y parece ya no interesarles si hubo un ‘Toñín’ malo que luego se volvió bueno, pero en realidad estaba encerrado desde 2015 en Tecamachalco, pero en realidad la Marina pensó que lo había capturado en el operativo en el que realmente cayó Othón Muñoz ‘El Cachetes’ a quien nos vendieron como un gran capo, pero en realidad resultó un ‘Don Nadie’ que fue liberado y sólo enfrenta un proceso por arma prohibida.

 

La guerra contra el huachicol es una comedia. No importa cuántos litros se decomisen a la semana, cuántos operativos se realicen y si mandan más o menos soldados para reforzar a los cuerpos estatales.

 

Es una comedia porque, con tal de alcanzar triunfos electorales, el morenovallismo ha pactado con criminales. La historia los juzgará.

 

El primero en el banquillo será Carlos Navarro Corro, quien requiere los votos el huachicol en la zona del Triángulo Rojo para que pueda ser diputado local y su hija Nadia llegar al Senado. Son los ‘huachidirigentes’ del PSI.

 

Luego, Diódoro Carrasco, que como titular de la SGG y jefe del gabinete de seguridad, dice que no puede hacer nada ante la postulación ya que corresponde al IEE investigar los perfiles de los candidatos.  “El Gobierno del estado con el Gobierno federal hemos estado combatiendo el robo de combustible, decomisando, deteniendo a los delincuentes y recuperando los autos robados, pero no podemos nosotros como autoridades estatales y federales convertirnos en ministerios públicos o jueces”, dijo en entrevista.

 

Ante esta situación indicó que es el Instituto Electoral del Estado (IEE) el encargado de realizar las investigaciones de los antecedentes de todos los candidatos.

 

Asimismo, señaló que es dicho organismo el encargado de cancelar o sancionar las postulaciones de aquellos representantes a los que se les comprueben vínculos con el crimen organizado. “Ya resolverán las autoridades electorales si se cumplen o no con los requisitos, no le toca al Gobierno del estado hacer esa función. Es responsabilidad de los partidos políticos postular a los candidatos que ellos decidan y apegarse y acatar la ley”, declaró.

 

Otra de las responsabilidades históricas será del titular de la SSP. Cuestionado sobre la versión difundida por el candidato del PSI al municipio de Quecholac, Alejandro Martínez, que aseguró que el capo huachicolero con el que se le relaciona se encuentra detenido y su hermano no está involucrado en esta actividad ilícita, sino que se dedica a lavar zanahorias. Jesús Morales Rodríguez aseguró que es la Fiscalía la encargada de las carpetas de investigación.

 

“Se ha llevado a cabo desde hace ya más de un año investigaciones, a mí no me corresponde dar la información de este tema, solamente se irá anunciando de acuerdo a la Fiscalía. Es un tema que la Fiscalía debe aclarar y dar a conocer”, expresó.

 

Por último, los consejeros electorales del IEE serán los que decidan avalar ese registro porque argumentan no tener facultades legales para negarlo a Antonio Martínez Fuentes. El consejero José Luis Martínez López explicó que el instituto sólo recibe el registro y legalmente el único impedimento es que se suspendan sus derechos políticos-electorales a causa de una orden de aprehensión en contra del aspirante, sólo así le podrían quitar su candidatura.

 

“Se podría suspender a un ciudadano de sus derechos políticos-electorales, cuando tenga alguna causa penal, algún proceso penal en el que se le haya emitido una orden de aprehensión; es decir, ya hubo un proceso previo, se presentaron los elementos probatorios pertinentes y se le encuentra responsable de la comisión de algún delito, se le ordena su aprehensión y su inserción en un centro de rehabilitación social”, detalló el consejero del IEE.

 

Ya tenemos el momento exacto en el que se jodió Puebla: en el momento en el que se toleró la postulación del hermano de un capo huachicolero. Todo lo demás que venga serán consecuencias, ya que avalar el pacto del PSI con los criminales es el primer y único error.

 

La única esperanza es que Martha Erika imponga su criterio porque al final ella es la única que cargará el ‘sambenito’ de pactar con los criminales.