Elementos de la Policía y Tránsito Municipal de Tehuacán detenidos durante el operativo del 23 de agosto implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron que su situación se debe a un problema político de la presidenta municipal Ernestina Fernández Méndez, además acusaron que no se les ha ayudado en materia jurídica.

“No sabemos nada”, señalaron los uniformados de la Policía y Tránsito Municipal de Tehuacán detenidos durante el operativo del 23 de agosto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a quienes se les acusa de no cumplir con los requisitos que establece la ley para ser agentes del orden.

Tras hora y media de traslado de Tehuacán al Cereso de Tepexi, se debe transitar por varias aduanas y vestir ropa adecuada, sólo se puede acceder con la credencial de elector y al interior un guardia realiza una minuciosa revisión de los productos de higiene personal que entregarán al reo.

La persona que busque el acceso con alguno de los detenidos debe presentarse en el área de Trabajo Social para determinar si se autoriza o no la visita. Hasta antes de la audiencia sólo se les podía ver en locutorios, en los que visita y reo se sientan frente a frente, divididos por una reja que permite apenas tocar las manos del otro.

Las lágrimas son inevitables en algunos de los elementos, quienes agradecen la visita y piden información de su proceso. Todos han sido visitados en distintos momentos por sus familias, que les han puesto al tanto de lo que se dice; desesperados señalan que el municipio tiene que responder por ellos, porque allí les dieron el empleo.

Muchos coinciden en que “es un problema político” entre el Gobierno del Estado y la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, y son ellos quienes “están pagando los platos rotos”. También indican que los abogados que les ha asignado el municipio no les han servido de nada, pues en la primera audiencia defendían a seis de ellos, pero luego de ver su mal desempeño sólo se quedaron dos.

Debido a las circunstancias políticas tienen pocas esperanzas de que los liberen, incluso los abogados que los han visitado les han dicho que los van a vincular a proceso y que excarcelarlos no será fácil porque les ‘tienen puesto el dedo encima’; tampoco los representantes legales se ponen de acuerdo, algunos les han dicho que en dos meses salen y otros que van a interponer un amparo para sacarlos.

Otros más les han señalado que con fianza seguramente recuperan su libertad, mientras que los menos alentadores les han dicho que van a permanecer en la cárcel de seis a ocho meses. El dinero es un problema, pues no todos cuentan con los recursos para financiar su defensa. Asimismo, los ex elementos han confirmado lo señalado por sus compañeros: no sabían que no habían aprobado el examen de control y confianza.

Algunos con 10 o 15 años en las distintas corporaciones estaban seguros de que la ‘librarían’ a causa de su servicio, por ello están inconformes, molestos por la forma como la administración municipal los ha tratado y relegado.