Los mandos policiacos Javier Rojas Alonso, ex comisario de Seguridad Pública, y Alfredo Castro Puentes, ex comandante del municipio de Amozoc, fueron señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de brindar protección a grupos huachicoleros, por lo que serán investigados por su presunta participación en el homicidio de los seis policías municipales.

Durante la audiencia para declarar legal la detención de ambos personajes se dio a conocer que dos de los policías ejecutados, Martín Estudillo y David Ortega, interpusieron un día antes una denuncia ante la Contraloría Municipal, acompañados de otros tres que aún se encuentran en servicio, en el que presuntamente señalaron que el Comisario y comandante de la corporación les ordenaban no detener a los robaductos de la zona. 

Los ex servidores públicos fueron imputados por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, cohecho y espionaje, por lo que el juzgador determinó como medida cautelar la prisión preventiva necesaria, al existir un riesgo de fuga por parte de los detenidos.

“Nos puede caer la voladora”, dicen  mandos a terceros, según la FGE

Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el agente del Ministerio Público manifestó que Javier Rojas Alonso, ex comisario de Seguridad Pública y Alfredo Castro Puentes, ex comandante del municipio de Amozoc, fueron detenidos alrededor de las 18:10 horas cuando se encontraban en la esquina de las calles Reforma y Tulipanes.

De acuerdo con las versiones de los policías ministeriales, los mandos se encontraban caminando y hablando por teléfono, por lo que a 30 metros de emparejarse con ellos, los agentes lograron escuchar cómo daban su ubicación a presuntos huachicoleros.

“Está grueso el pedo, ábranse porque aquí en la zona hay un chingo de policías ministeriales y estatales y nos puede caer la voladora”, manifestaron en sus declaraciones los ministeriales.

Ante este hecho, los mandos fueron inspeccionados y se encontró, en el caso de Javier Rojas Alonso, que su arma no correspondía a la que tenía a su cargo, mientras que la de Javier Rojas Alonso, sí; sin embargo, portaba otra arma para la que no contaba con la autorización necesaria.

Con base en la carpeta de investigación, los oficiales ofrecieron un total de 13 mil 150 pesos para quedar en libertad, sin embargo, fueron remitidos ante las autoridades para que judicializaran el caso.

Comisario declara y desmiente a la FGE 

Tras la teoría fáctica de la FGE y luego de calificar de legal la detención de los dos mandos, Alfredo Castro Puentes decidió declarar, desmintiendo a la FGE su versión de los hechos del pasado viernes.

El ex comandante manifestó que su detención se realizó a 30 metros de donde se localizaban los cuerpos de los policías municipales ejecutados, ya que fue uno de los primeros respondientes en llegar al lugar de los hechos tras recibir el llamado de auxilio de uno de los asesinados, Alejandro Muñoz Antonino, por lo que agentes ministeriales se acercaron a su posición para solicitarle una entrevista en las instalaciones de la FGE, a lo que accedió.

Desde las 21:30 horas y hasta las 6:00 horas del día siguiente permaneció incomunicado, entonces se le notificó que había sido detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego, a pesar de que sólo contaba con su arma de cargo, señalando que la FGE le sembró la otra arma.

Durante el interrogatorio que tuvo con dos ministeriales, aseguró ser víctima de golpes al tratar de inculparlo con el homicidio de los seis policías.

Esposas de los caídos acusan a mandos policiacos de proteger a huachicoleros

Según los datos expuestos durante la formulación de imputación, en el distrito de Tepeaca se tienen integradas dos carpetas de investigación, la 1941 y la 1945, en las cuales se investiga a los mandos por los delitos de homicidio calificado y conspiración.

En el segundo de los casos, fueron las esposas de dos de los policías fallecidos quienes presentaron la denuncia correspondiente por el delito de conspiración, pues sus cónyuges les aseguraron que los mandos policiacos no les brindaban su apoyo cuando lograban detener a los ladrones de gas LP, además que cuando detectaban a las pipas de este combustible los presuntos huachicoleros les manifestaban que contaban con la protección del comisario y comandante.

Cabe señalar que de igual forma se dio a conocer que sólo dos de los policías ejecutados el pasado viernes en Chachapa habían interpuesto su denuncia ante la Contraloría Municipal, Martín Estudillo y David Ortega, acompañados de otros tres que aún se encuentran en servicio: Leopoldo N, Nayeli N y Lourdes N.