Puebla se ubica en la mira internacional debido al incremento en la tasa de feminicidios, pues desde 2013 hasta junio de 2018 se han contabilizado un total de 378 casos; mientras que las desapariciones suman 260 hechos, de acuerdo con los datos presentados ante el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

Esto después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) remitiera un reporte a dicha organización con sede en Ginebra, Suiza, en el que detalló la situación precaria en contra de las mujeres, incluyendo el estado de Puebla.

Por ello, varias organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr) y el Observatorio de Violencia de Género en Medios (Ovigem) presentaron el ‘Informe especial de Puebla para el septuagésimo periodo de sesiones de la Cedaw’.

Asimismo, en dicho reporte se destacó la falta de voluntad por parte de las instituciones para investigar como feminicidios los asesinatos reportados contra mujeres.

“Investigar un feminicidio en Puebla queda en la voluntad de los agentes del Ministerio Público, quienes afirman o niegan la aplicación de los protocolos especializados para indagar las muertes violentas de mujeres, y en el camino de las víctimas a la justicia se añaden otras negligencias de parte de funcionarios, jueces y peritos”, se describe en el documento, señalando que la Odesyr ha contabilizado un total de 378 a partir de 2013 hasta junio del presente año.

Por las desapariciones, señalan que la incidencia se ha incrementado en Puebla en los últimos años, a tal grado que durante el 2017 cada 19 horas se denunció la desaparición de una mujer, según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

“En medio de este contexto de violencia contra las poblanas, la sociedad y organizaciones civiles locales no han logrado entablar un diálogo con el Gobierno del Estado, esto les imposibilita verificar que las carpetas de investigación por feminicidio o desaparición son integradas de manera adecuada y con las pruebas pertinentes”, acusaron las organizaciones civiles.