No fue una, sino dos las ejecuciones extrajudiciales ocurridas la noche del 3 de mayo de 2017 en la localidad de Palmarito Tochapan, de acuerdo con la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos, resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras cinco autoridades federales y estatales.

Tal como CAMBIO documentó en un video exclusivo, la primera ejecución extrajudicial fue cometida por el sargento José N, fichado en el expediente como AR54, en contra del poblador Raúl Jiménez, identificado como V13, en la esquina de la 10 Norte y Avenida Hidalgo.

La segunda ejecución extrajudicial ocurrió contra la persona identificada como V14, tripulante de una camioneta Lincon Navigator negra que se encontraba sentado en la parte trasera del lado del copiloto, quien permaneció inmóvil hasta que uno de los militares, cuya identidad no pudo establecerse, asomó su arma por una rendija de la ventanilla y le disparó a quemarropa, lesionándolo en la región nasogeniana derecha, mejilla, privándolo de la vida sin razón aparente.

El militar que realizó la segunda ejecución no fue identificado en el expediente ni con nombre o clave.

El mismo informe detalló la existencia de violaciones en contra de 13 detenidos, entre ellos cuatro menores de edad, quienes fueron retenidos ilegalmente hasta por 10 horas en la planta de bombeo de Pemex ubicada en la entrada de Palmarito, antes de ser puestos a disposición de las autoridades en el Ministerio Público Federal de Tecamachalco.

La CNDH también documentó la ‘siembra’ de armas en los cuerpos de los presuntos huachicoleros abatidos, así como la alteración de la escena de los hechos por parte de los militares.

Los huachicoleros sí usaron escudos humanos; entraron a Palmarito seis comandos en cuatro horas

Las cámaras de video del C5 mostraron que en al menos dos ocasiones los militares fueron emboscados por civiles, quienes con piedras y palos resguardaban a los huachicoleros, los cuales se encontraban armados y protegidos con chalecos tácticos; además, usaban a la población como ‘escudo humano’ para disparar en contra de los elementos castrenses.

El video publicado por CAMBIO una semana después de los enfrentamientos fungió como una de las pruebas integradas dentro de la carpeta de investigación CNDH/1/2017/3220/Q/VG, que dio a conocer las falacias de la ‘versión oficial’ dada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al evidenciar la ejecución extrajudicial de Raúl Jiménez a manos del ‘Sargento José’, cuyo juicio continúa por el delito de homicidio.

CNDH determinó que fueron dos ejecuciones en Palmarito

El 3 de mayo del año pasado la localidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, atrajo las miradas de todo el país, luego que se desarrollara un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y elementos de la XXV Zona Militar, lo cual dejó un saldo de 10 personas muertas, cuatro militares y seis civiles.

La Avenida Hidalgo esquina con 10 Norte fue escenario de uno de los ‘choques’ que dejó la mayor cantidad de muertos, seis en total, el cual fue captado por las cámaras de seguridad de un inmueble que se encontraba en la esquina de dicho lugar.

Así, la CNDH evidenció la ejecución extrajudicial de Raúl Jiménez, un campesino de 41 años de edad que viajaba en una camioneta BMW X5, al momento de ser ‘rafagueado’ por los militares, para después, sin motivo alguno, ser ejecutado tras haber sido arrastrado hasta la acera.

Además, según datos de la carpeta de investigación CNDH/1/2017/3220/Q/VG, en uno de los puntos ciegos de la cámara de seguridad se llevó a cabo otra ejecución, pues después de que Paulino N, alias ‘El Pavis’, descendiera de su camioneta Lincoln Navigator de color negro, fue abatido tras asesinar a un elemento castrense, ya que no fue asegurado correctamente por los militares.

Militar dispara a quemarropa en contra del segundo ‘civil’

De acuerdo con la CNDH, los militares rodearon la camioneta negra después de abatir al líder de los huachicoleros, donde se observaba a una persona sentada en la parte trasera del lado del copiloto, quien permaneció inmóvil hasta que uno de los agentes, cuya identidad no pudo establecerse, asomó su arma por una rendija de la ventanilla y le disparó a quemarropa, lesionándolo en la región nasogeniana derecha, mejilla, lo cual resultó en su muerte.

Los peritos de la comisión determinaron que “en base al resultado de química, al dar un resultado positivo determinando presencia de NITRATOS, se establece que fueron consecuencia de disparos a corta distancia”.

Además, que “no existen indicios balísticos que permitan presumir que sus tripulantes hubiesen disparado desde su interior, lo que se contrapone con lo manifestado por personal de la SEDENA”, evidenciando la falsedad de la versión oficial de la dependencia federal, quienes aseguraron que sólo repelieron el ataque de los huachicoleros.

“Los elementos del Ejército Mexicano incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de V13 y V14, debido a que incumplieron con los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”, citó la CNDH en su recomendación 12VG/2018.

Siembran armas y alteran la escena del enfrentamiento

La recomendación también mostró que los elementos de la XXV Zona Militar del 59 y 17 Batallón alteraron la escena del enfrentamiento, al modificar la posición de los cuerpos y ‘sembrarles’ armas largas a Raúl Jiménez y a ‘El Pavis’.

“Las armas largas que se relacionaron con V13 y una Persona de Identidad Reservada, fueron colocadas deliberadamente”, ya que en los videos se observa que Paulino N ataca a los castrenses con un arma 9mm, mientras que el originario de Palmarito se encuentra desarmado y ni siquiera puede incorporarse al momento de ser ejecutado.

Asimismo, especialistas del organismo determinaron que, según el análisis de las impresiones fotográficas relativas al levantamiento del cadáver del sujeto que se encontraba al interior de la camioneta, “no se encontraba en su posición final y última al término de los hechos”.

Militares usaron planta de rebombeo como puesto militar

Durante el 3 de mayo del año pasado, hubo al menos seis enfrentamientos desde la 19:50 horas hasta las 00:00 horas del 4 de mayo, por lo que los más de 70 elementos castrenses que operaron ese día se concentraron a las afueras de la localidad en la planta de rebombeo de Pemex.

Desde ese punto se llevó a cabo la logística para ingresar a Palmarito, dividiendo en seis grupos a los militares, siendo el segundo de ellos el que concentró la mayor ‘acción’.

De acuerdo con los reportes de la Sedena, un grupo de 16 elementos realizaba labores de patrullaje en conjunto con elementos de seguridad física de Pemex, cuando recibieron el alertamiento de una toma clandestina, por lo que al dirigirse al punto fueron combatidos por un grupo de civiles, ocasionando el megaoperativo de aquella noche.

Este punto también fue utilizado para mantener retenidos hasta por 10 horas a los 13 detenidos, quienes denunciaron maltrato físico y psicológico por parte de los castrenses, mientras se encontraban privados de su libertad en la planta de Pemex. El MPF de Tecamachalco se encuentra a 26 minutos de la planta de Pemex, por lo que los militares fueron denunciados por la privación de la libertad de los 13 detenidos.

Huachicoleros usaron a civiles de carne de cañón

La CNDH también constató que según las grabaciones de las cámaras de seguridad del estado que se encuentran en las calles principales de la localidad, se observó que los huachicoleros congregaron a varios habitantes para que en al menos dos ocasiones atacaran a los grupos de militares, sirviéndose de ellos como ‘escudos humanos’, obligando a que los castrenses se desplegaran por las calles de Palmarito.

“Entre las 20:53 y 21:28 horas, diversos civiles, quienes portaban armas de fuego y algunos chalecos tácticos se reunieron en la plaza principal, dirigiéndose en grupo hacia el sureste, con rumbo a la calle 10 Norte”, observándose que comandaban un grupo de al menos 20 personas que con piedras y palos atacaron a los militares.

Recomendaciones de la CNDH: al gobierno de Puebla, Sedena, SSP, PGR, FGE, Pemex y TSJ

Aunque la CNDH está consciente de la inseguridad que se vive dentro del Triángulo Rojo debido a la presencia de grupos huachicoleros, quienes se disputan la plaza, invitó a las instituciones gubernamentales a atacar el problema sin violentar los derechos humanos.

Entre las recomendaciones realizadas al Gobierno del Estado se encuentra la reparación integral del daño a todas las víctimas, incluyendo indemnización, asistencia médica y psicológica, así como la colaboración en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra los involucrados.

A la SSP recomendó coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, así como el seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de dicha dependencia en contra de los funcionarios que resulten responsables por las omisiones al protocolo de seguridad.

Mientras que al titular de la Sedena le exhortó a colaborar con las quejas de “manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y en la falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH”.

“Continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar, y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esta Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas”, fueron algunas de las encomiendas que señalaron a la PGR, a la cual acusaron de no transparentar las CDI, así como de no permitir el desahogo de periciales dentro de la camioneta Lincoln ni investigar a los funcionarios que están relacionados con el robo de combustible.

Asimismo, recomendó a Carlos Alberto Treviño Medina, titular de Pemex, que las instalaciones de la empresa productora del estado “no se utilicen para resguardar a personas detenidas”, y que realice una investigación contra los servidores que permitieron tal acto. En tanto, se exhortó al nuevo fiscal, Gilberto Higuera Bernal, que investigue a los homicidas de todas las víctimas, además de brindar un trato digno a sus familiares. En tanto, al presidente de Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, la comisión recomendó colaborar en la queja derivada de las “imprecisiones que se observaron en las necropsias que los peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres”.