Universidades públicas y privadas, cámaras  empresariales y organizaciones civiles demandaron a los tres niveles de gobierno para que mejore las condiciones de seguridad qué hay en la entidad.

A través de un desplegado, instituciones como la BUAP, el CCE y Coparmex señalaron que Puebla es de los estados con mayor número robos y actos delictivos.

Por ello pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que le dé una categoría prioritaria a Puebla dentro de su plan nacional para La Paz. Al congreso de la unión le solicitaron sesionar y ampliar el catálogo de delitos de alto impacto.

Mientras que al gobierno del estado le solicitaron mejorar la capacitación de los elementos de seguridad y la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo le solicitaron nombrar a una persona preparada en la materia para la Secretaría de Seguridad  Pública. Esta situación se hizo extensiva para los gobiernos municipales.

En el caso del Congreso del Estado, los firmantes demandaron duplicar el presupuesto en temas de seguridad, así como hacer a un lado las diferencias partidistas para trabajar por el bien de Puebla.