La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que al enfrentar a huachicoleros el 3 de mayo del año pasado en la comunidad de Palmarito,  elementos del Ejército ejecutaron arbitrariamente a dos personas por lo que emitió recomendación por violaciones graves.

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, CAMBIO difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Sin embargo, ahora, al emitir la recomendación por violaciones graves 12VG/2018, la CNDH reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

La primera estaría atribuida a un elemento plenamente identificado del 17 Batallón de Policía Militar, mientras que el segundo elemento del Ejército no pudo ser identificado por la CNDH.

Al informar sobre los resultados de su indagatoria, la CNDH reprochó que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a entregarle copias de la carpeta de investigación por estos hechos, lo que consideró una obstrucción al acceso a la justicia de las víctimas.

Siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad, son otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Mientras que Petróleos Mexicanos, la PGR y hasta el Tribunal Superior de Justicia de Puebla cometieron violaciones a la legalidad, a la verdad, a la seguridad jurídica y a la debida procuración de justicia.

Las ejecuciones

Según la recomendación emitida, hacia las 22:00 horas de aquel día, los miliares detuvieron a cinco personas que viajaban en una camioneta BMW, X5, cerca de la esquina de la Avenida Hidalgo y la calle 10 Norte, en la Colonia La Inmaculada.

Por una razón desconocida, una de esas personas no podía sostener en pie, por lo que fue colocada boca abajo en la banqueta, donde un militar, identificado como AR54, le disparó.

Otro soldado reconoció ante el Ministerio Público Federal que la víctima no representaba riesgo alguno, pues estaba sometida y boca abajo.

"En ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo (...) y en esos momentos veo a (AR54) que le disparó", afirmó en su declaración ministerial.

"(AR54) estaba a una distancia aproximada de cincuenta centímetros del cuerpo de la (víctima), con el arma de fuego (...) sosteniéndola con ambas manos (...) pero retrayendo el arma hacia su cuerpo, y se dio la vuelta por lo que en ese momento me dirijo hacia donde estaba (AR54) para preguntarle (...) porque había disparado en contra de la (persona) pero él se volteó a verme (...) y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue".

Junto al cuerpo de la víctima fue colocada un arma larga.

El segundo civil que según la CNDH fue víctima de ejecución arbitraria por parte del Ejército murió al interior de una camioneta Lincoln, Navigator, en la misma zona.

Aunque el vehículo fue rafagueado para que detuviera su marcha, ahí no falleció la persona.

"Permaneció en el interior del vehículo en cita, el cual fue rodeado por elementos del Ejército Mexicano, advirtiéndose que el militar que se ubicó en la ventana posterior del lado derecho, presumiblemente colocó su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior y disparó en contra (de la víctima)", determinó la CNDH.

El cuerpo sin vida de la víctima quedó en los asientos traseros, a espaldas del copiloto, aunque peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinaron que ese no fue la posición final del cuerpo, por lo que fue manipulado.

“Este caso (Palmarito) es un ejemplo más de que el ejército mexicano viola los derechos humanos cuando
sustituye a las policías, es tiempo de que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles." @TaniaReneaum pic.twitter.com/qthVCHTdD2

— Amnistía Int. México (@AIMexico) 19 de septiembre de 2018

Con información de Reforma