La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad que promovió la dirigencia nacional de Morena en contra de la reforma al artículo 75 de la Constitución local, que permite al próximo gobernador de Puebla tomar protesta ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no en el Legislativo.  

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, promovió el recurso el pasado 17 de septiembre, el cual quedó registrado con el expediente 76/2018.

Ésta es la segunda acción de inconstitucionalidad presentada, pues previamente el ex dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, promovió el mismo recurso que quedó registrado con el oficio 72/2018, sin embargo, fue desechado, toda vez que los comités directivos estatales no tienen facultad para iniciar este tipo de procesos legales.

El 30 de julio diputados de la anterior legislatura aprobaron los cambios en la Constitución del Estado, que establecen que, en caso de que por cualquier circunstancia el gobernador no pudiera rendir protesta ante el Congreso o la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

SCJN ordena al Congreso y Gobierno envíen informes de reformas impugnadas

El ministro de la Suprema Corte, Fernando Franco González, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la dirigencia nacional de Morena en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla, con el propósito de impugnar las recientes reformas a la Constitución Política de la entidad.

En un comunicado, se indicó que el partido promovente demandó a la SCJN invalidar las reformas a los artículos 57, 61 y 75 de la Constitución de Puebla aprobadas el pasado 30 de julio, que permiten al ganador o ganadora de los comicios rendir protesta sólo ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal y no ante al Congreso local.

Por ello, al admitir la demanda, el ministro instructor requirió al Congreso del Estado de Puebla para que dentro de un plazo de seis días naturales posteriores a la notificación rinda su informe ante el alto tribunal del país.

También debe enviar a la Suprema Corte copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes del Congreso, así como los diarios de los debates.

Aplicarán multas si no envían informes

Al gobierno de Antonio Gali Fayad le requirió que en su informe exhiba un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que conste la publicación del decreto legislativo impugnado. A ambos poderes apercibió que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa en términos del Artículo 59, fracción I, del indicado Código Federal.

El ministro también instruyó dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) con copias simples del escrito y anexos de cuenta para que, en su caso, antes del cierre de instrucción, formule el pedimento que le corresponde, así como solicitar a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis que, dentro del plazo de 10 días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo, exprese por escrito su opinión en relación con la demanda.

Esto luego que ministros pidieron una opinión a los magistrados del tribunal federal, respecto a la queja de Morena de que la reforma constitucional va en contra de las disposiciones electorales y debido a que la elección de gobernador está impugnada.

De la misma forma, en el acuerdo se requirió al presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, para que, dentro del plazo de tres días naturales, informe al alto tribunal la fecha cuando iniciará el próximo proceso electoral en la entidad.