Seis años después José Juan Espinosa Torres cambió su discurso en el Congreso del Estado, ya que propuso reformar la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local para eliminar la privatización del servicio de agua potable, cuando en 2012 votó a favor de la modificación a la Ley de Agua y Saneamiento del Estado, que dio paso a la privatización del vital líquido.

El coordinador legislativo del PT presentó la iniciativa para que ninguna empresa obtenga la concesión del servicio y con ello se revoque la otorgada a Agua de Puebla para Todos.

Dijo que la propuesta es un compromiso de campaña del PT, Morena y Encuentro Social, por lo que de aprobarse fijó un plazo no mayor a seis meses para que el gobierno municipal de Puebla, a cargo de Claudia Rivera Vivanco, se pronuncie sobre su capacidad técnica, financiera y humana para otorgar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado a través de un nuevo organismo desconcentrado.

"Seis meses que considero son suficientes para que a la par de una ley estatal de aguas se tenga la creación y la puesta en marcha de un sistema operador que cumpla con las expectativas", dijo después de presentar la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y de Medio Ambiente para su análisis y resolución.

Necesitan dos terceras partes para lograr reforma  

Sin embargo, admitió que por tratarse de una reforma constitucional, se requiere del voto de dos terceras partes de los diputados, por lo que confió en que los Grupos Legislativos del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y del Partido Verde se sumen a esta propuesta y no den la espalda a los ciudadanos.

“El contrato que firmó el gobierno de Moreno Valle con esta empresa privada se tendría que disolver, nadie conoce las cláusulas de penalización. El nuevo gobierno, sea del color que sea, tendrá que investigar si las cláusulas son ‘leoninas’ o no”, sostuvo.

José Juan Espinosa indicó que la intención es que el servicio de agua potable deje de ser operado por una empresa privada que abarca los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc.

Al ser retroactiva, por lo que el gobernador José Antonio Gali Fayad puede hacer uso del veto y no publicar la reforma en el Periódico Oficial del Estado, el morenista refirió que el Ejecutivo tiene hasta 15 días para informar si veta el trabajo legislativo.

En ese sentido, amagó con recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el mandatario veta esta reforma y las demás leyes morenovallistas como la ‘Ley Bala’ y la Ley de Expropiación Exprés que se han derogado en la Sexagésima Legislatura.

“Está corriendo el tiempo que el gobernador tiene para vetar no sólo la abrogación de la ‘Ley Bala’, la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, la ley de expropiaciones del estado. Nunca un gobernador en Puebla ha vetado una decisión de esta soberanía, solamente Vicente Fox vetó iniciativas del Congreso de la Unión”, agregó.

En diciembre de 2012 siendo diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Espinosa Torres aprobó la Ley del Agua para el Estado de Puebla que concretó la privatización del vital líquido. Lo mismo hicieron los entonces legisladores Guillermo Aréchiga Santamaría y Héctor Alonso Granados, así como Fernando Manzanilla Prieto, titular de la Secretaría General de Gobierno, que signó la publicación de la reforma, todos ellos ahora integrantes de Morena.