Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Deuda del Estado de Puebla para que los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), Proyectos de Inversión y Obras Públicas sean legalmente reconocidos como deuda, ya que a través de dicho instrumento se genera un nicho de oportunidad para el saqueo de las arcas estatales a largo plazo.

La diputada local por el Distrito 25 de Tehuacán, Olga Lucía Romero García-Crespo, presentó la iniciativa en el punto número nueve de la orden del día de este lunes en el Congreso del Estado, señalando que pese a que se consideran derogadas todas las disposiciones contrarias a lo dispuesto por la normativa en materia de Disciplina Financiera, no se ha realizado la armonización de las leyes estatales.

Dicha iniciativa busca que los esquemas de APP y PPS, bajo los que se construyeron el Centro Integral de Servicios (CIS), la plataforma de AUDI y el Museo Internacional del Barroco (MIB), sean considerados como deuda, ya que generan compromisos financieros para la administración pública estatal a largo plazo.

Garci-Crespo resaltó la importancia de incorporar dicha Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios al término ‘ingresos de libre disposición’, a fin de hacer referencia a todos los ingresos estatales y federales no etiquetados para un fin específico, con el objetivo de que no se distinga entre federales, estatales y municipales, ya que se limitan las facultades del Ejecutivo del estado para afectar discrecionalmente los recursos de la entidad.

Dicha iniciativa considera la creación de un registro único para la prestación de servicios, a fin de que ahí se detallen los convenios, su duración, el monto, fecha, plazo, objeto y contrato de referencia, el cual deberá ser publicado en la página de Transparencia del Congreso del Estado y actualizado de manera trimestral; los montos de la afectación deberán coincidir con los que para dicho efecto se aprueben en el presupuesto anual de egresos.

La reforma propone reforzar la transparencia del ejercicio de las obligaciones de pago, señalando en la ley en la materia la obligación del gobierno estatal de mantener un estricto seguimiento sobre el contrato y condiciones de pago de la Asociaciones Público Privadas y los Proyectos Públicos de Servicios que hasta la fecha se tienen en marcha.

El Ejecutivo estatal deberá entregar, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la publicación del presente decreto, toda la información necesaria para que el Congreso del Estado realice las modificaciones necesarias en su portal de transparencia y esté en la capacidad de dar amplia publicidad al registro de Proyectos para la Prestación de Servicios aprobados por periodo de sesiones.

Cabe recordar que hasta el corte del 30 de junio de 2018, los poblanos deberán pagar un total de siete mil siete millones 840 mil pesos por la construcción del MIB, CIS y las plataformas de la planta automotriz AUDI, de acuerdo con el Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento del Gobierno del Estado.