El Congreso del Estado "corregirá" los errores cometidos en la abrogación de la "Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos policiales", mejor conocida como 'Ley Bala', mediante foros consultivos que se realizarán el martes 23 de octubre, para cumplir las observaciones hechas por el Ejecutivo.

En el encuentro denominado Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria, que regula el uso de la Fuerza Pública, se tratarán temas de seguridad pública, derechos humanos y participación social de las 9:00 a las 14:00 horas. Podrán participar universidades, organizaciones sociales y representantes de grupos vulnerables, indígenas, mujeres y migrantes.

El pasado 1 de octubre, el gobernador Antonio Gali Fayad ejerció su facultad de revisión en contra de la abrogación de la ‘Ley Bala’ y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), aprobadas por diputados de la LX Legislatura.

Los oficios enviados al Congreso local señalan que, a fin de colaborar con el proceso legislativo, el gobernador remitió observaciones, con el objetivo de que la soberanía proceda en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución del estado.

Congreso busca cumplir observaciones de Gali

Para cumplir con las observaciones hechas por el Ejecutivo, en cuanto a la Ley Bala, el Congreso del Estado, a través de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que preside Gabriel Biestro Medinilla, convocó al foro consultivo estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria del artículo 117 de la Constitución, el cual se llevará a cabo en la sede del Poder Legislativo.

La convocatoria señala que el evento se realizará desde un enfoque integral de defensa de los derechos humanos, donde los temas que se discutirán derivan de los manifiestos y demandas más sensibles de la sociedad civil.

En su primera sesión ordinaria, diputados del bloque Juntos Haremos Historia, en voz de Mónica Lara Chávez, propusieron abrogar la Ley Bala, impulsada en el gobierno de Rafael Moreno Valle el 19 de mayo de 2014. El argumento de los morenistas fue que el artículo 47 de esa ley señalaba que se podían utilizar armas letales a criterio de las autoridades.