Los ‘barbosistas’ dan el primer paso para desmantelar la privatización del agua en el estado al reformar la Ley del Agua de la entidad y retirarle la facultad a la empresa Agua de Puebla y al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para fijar las tarifas de cobro por este servicio, y que sea nuevamente el Congreso el encargado de dicha acción.

Durante la sesión ordinaria de este lunes, el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, presentó la iniciativa para modificar el artículo 118 de la Ley del Agua para el estado, con la que los legisladores de Juntos Haremos Historia quieren recobrar la facultad para fijar las tarifas del agua y dar por terminada la estructura tarifaria del agua impuesta por Concesiones Integrales.

La modificación propuesta

Actualmente, el tercer párrafo del artículo 118 de dicho ordenamiento establece que las empresas concesionarias del servicio del agua participarán en la actualización de las tarifas, que se realizarán de acuerdo con el contrato signado con el Gobierno del Estado y en donde se establece la estructura tarifaria que divide el territorio en seis estratos socioeconómicos en el caso del servicio residencial.

“Tratándose de concesionarios, la participación de éstos en la actualización de las tarifas y cuotas será la que le corresponda en términos del título de Concesión”, indica el tercer párrafo del 118 de la Ley del Agua.

En la propuesta de reforma, los ‘barbosistas’ buscan eliminar este párrafo para terminar la intervención de Soapap y de Agua de Puebla en la definición de las cuotas para el cobro por el servicio de este recurso natural en la capital del estado.

“Los prestadores de servicios y los concesionarios estarán facultados para actualizar las tarifas y cuotas aprobadas, con base en el incremento reportado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, utilizando cualquier otro procedimiento que para el efecto determine la Estructura Tarifaria autorizada por el Congreso del Estado”, establece la modificación propuesta por los barbosistas.

Fue en 2014 que los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura reformaron dicho ordenamiento y acabaron con la facultad de que desde el Congreso del Estado se fijaran las tarifas para el cobro por el servicio del agua.