Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Osorio Chong comandan a los senadores de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes integran la minoría en el Senado que recurrió a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) para promover una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la que se obliga a todo funcionario público percibir un salario menor al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de esta acción de inconstitucionalidad, los senadores, que en total conforman el 33 por ciento de los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, solicitan al Pleno de la SCJN que suspenda y eche abajo estas modificaciones a la ley, argumentando que violenta la división de poderes.

Esta acción de inconstitucionalidad fue firmada por los coordinadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Osorio Chong, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado Ranauro, respectivamente; así como por el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

Además, este documento presentado ante la SCJN fue firmado por los integrantes de estas fuerzas políticas y de otras bancadas, cumpliendo con el requisito establecido en la Constitución Política del país en el que a través de al menos el 33 por ciento de legisladores de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o de los congresos locales se puede promover una acción de inconstitucionalidad.

Será en el transcurso de los próximos días cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia determine si da entrada a la acción de inconstitucionalidad que promovieron los legisladores que conforman la minoría en el Senado y, en consecuencia, suspenda la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual, en su caso, quedará congelada y no podrá ser aplicada hasta que los ministros de la SCJN resuelvan el caso.

Cabe destacar que dicha ley también fue controvertida ante la Suprema Corte del país por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de que cuenta con un sinfín de amparos e impugnaciones de jueces y magistrados federales por sentir una vulneración por parte de Morena y el presidente López Obrador a las funciones y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.