Los consejeros electorales del IEE lanzaron una contraofensiva al proyecto del magistrado José Luis Vargas, que los hace responsables de la posible anulación de elección a la gubernatura, pues en voz de Jacinto Herrera Serrallonga, rechazaron los señalamientos de negligencia en el resguardo de la paquetería electoral y acusan que todas las conclusiones son presunciones sin evidencia de la manipulación de la papelería.

El consejero presidente, a nombre de todos los señalados, indicó que la bodega central calificada en el proyecto como “inadecuada” se utiliza desde 1998, y que durante estos 20 años que se ha resguardado la paquetería electoral de un total de 14 elecciones nunca se ha puesto en duda la seguridad de dicho inmueble y de lo que ahí se tiene asegurado.

Expresó que en dicha bodega sólo se cuenta con una puerta de ingreso y los accesos que Vargas Valdez, en el proyecto de sentencia, afirma que existen, destacó que se encuentran clausurados por completo durante todo el tiempo que el inmueble ha sido utilizado para el resguardo de los documentos electorales bajo custodia del IEE.

“Respecto de las condiciones de la bodega central del instituto, es oportuno indicar que en la misma se han resguardado los paquetes electorales desde 1998, es decir, en dicho sitio se ha almacenado la paquetería electoral de ocho elecciones ordinarias y seis elecciones extraordinarias, sin que exista en todo ese tiempo ningún antecedente de incursión no autorizada a dicho espacio”, comentó Jacinto Herrera.

Ataca proyecto garantía de audiencia

Jacinto Herrera Serrallonga reveló que ya solicitó una audiencia con los magistrados para explicar que no incurrieron en negligencia y que la cadena de custodia nunca fue violada.

“Estamos solicitando una audiencia con los magistrados integrantes de la Sala Superior, con la finalidad de demostrar y explicarle al ponente y a sus compañeros que tanto las actas como las boletas nunca han sido alteradas ni manipuladas, lo que confirma la voluntad popular de la ciudadanía poblana en todas las elecciones organizadas por esta autoridad, no sólo en la de la gubernatura”, manifestó Herrera Serrallonga.

“Nos preocupa y rechazamos la imputación de falta de profesionalismo que realiza el ponente sin antes haber sido escuchados o llamados a través de los mecanismos institucionales ordinariamente empleados, circunstancia que viola nuestro derecho humano a la presunción de inocencia reconocida constitucional y convencionalmente en múltiples instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, lo que afecta nuestra imagen y reputación”, enfatizó.

Puras presunciones sin pruebas

Afirmó que no existe sustento jurídico ni evidencia alguna para presumir que los paquetes electorales fueron manipulados, o bien, que no existe confianza sobre la autenticidad del voto ciudadano, como literalmente se indica en el referido proyecto y en sus conclusiones, “por lo que no es válido dejar de considerar el recuento efectuado por el Tribunal Electoral Federal con el argumento de que los paquetes electorales fueron manipulados, más aún cuando se indica en el referido documento que todas sus conclusiones se basan en presunciones”, por lo cual no están de acuerdo en aceptar que su trabajo amerita sanciones administrativas o penales.

El funcionario electoral también subrayó que la voluntad popular de las y los poblanos se depositó en las urnas el día de la jornada electoral y que el Instituto Electoral trabajó para dar certeza a los votos emitidos a favor de cualquier partido, coalición o candidato; ese mismo día los votos fueron contados por otros ciudadanos y asentados en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas; posteriormente los Consejos Distritales efectuaron los cómputos correspondientes y los plasmaron en las actas aprobadas para tal efecto; todo ello, en presencia de los representantes de los partidos políticos.

Aseguró que hasta el momento cuando se entregaron al Tribunal Federal, los paquetes electorales estuvieron resguardados en los recintos oficiales destinados para ello, bajo la responsabilidad de funcionarios electorales facultados, y lo más importante, custodiados por las fuerzas de seguridad pública, “lo que nos permite afirmar categóricamente que nunca estuvieron abandonados o en posesión de personas no autorizadas, y por lo tanto no existió ninguna manipulación de su contenido”.