En estos días iniciales de julio de 2019, se recuerda la histórica participación de la población en las elecciones para la nueva administración pública federal del 1 de julio de 2018. Y, así como se hacen los recordatorios al respecto, también se hace una evaluación de lo que se ha hecho hasta estas fechas y, más aún, de lo que bien pudo hacer el nuevo partido político a un año de que obtuviera la victoria en la primera de las elecciones federales en que participaba para la presidencia de la nación. Una victoria que, desde luego, es loable; pero, así como lo es, cabe hacerse ese test respecto a los resultados que tanto se sostuvieron que se podrían presentar a corto plazo respecto a los problemas que más agobian al país, como son: la desaceleración económica, la inseguridad pública, la pérdida de la identidad nacional.

Al respecto del primer problema, se ha hecho muy poco para afrontar la desaceleración económica y el resultado es pésimo, porque todo se ha centrado solamente en combatir simbólicamente la corrupción y, por el contrario, la ha potencializado. México vive la peor crisis de corrupción en todos los niveles y órdenes de gobierno, pues, con el afán de combatirla, únicamente lo ha hecho por medio de la simple simbología, a saber: despidiendo personal de las oficinas gubernamentales, disminuyendo los salarios con la ley respectiva, centralizando —que no es lo mismo que controlando— las compras gubernamentales, impulsando la industria petrolera que va de salida mundialmente, cerrando oficinas y delegaciones que prestaban servicios regulares a la población, pero, sobre todo, inyectando en el ambiente incertidumbre a los inversionistas, empresarios y, por ende, colgando la estabilidad económica del país en las tasas de interés que se otorgan en México (que son más benevolentes que en muchas naciones), pero que con un golpe al teclado de una computadora inmediatamente migran a mejores paraísos financieros. Como colofón a esta simbólica lucha, se ha ratificado el T-MEC, esto es, el tratado de libre comercio con los países de América del norte, que hará más dependiente a México de Canadá y, particularmente, de los Estados Unidos de América.

Al respecto de la inseguridad pública, pocos resultados se pueden informar benevolentes: un debate parlamentario de trámite respecto a la guardia nacional y la reforma constitucional, una serie de datos estériles para las víctimas respecto a que cada día está disminuyendo la inseguridad del país, así como los delitos de alto impacto, cuando el índice de victimas y de incertidumbre sigue creciendo. La propuesta de la guardia nacional va en contra del control provincial de la seguridad pública que se presenta en países de primer mundo, como es el caso del propio Estados Unidos de América y de los expertos sobre el tema (ZAFFARONI, Eugenio. “En busca de las penas perdidas”  EDIAR, Buenos Aires, 2005). Y sólo se ha permitido que permanezca un sistema judicial-penal inoperante, ineficaz, que lo único que provoca es que, en cada colonia y población del país, se sustituya la administración de justicia oficial por la aplicación de la ley del ‘ojo por ojo’: muestra del fracaso de la seguridad pública o de su éxito, si el propósito era aumentar la violencia. Este no es más que un sistema judicial hecho para mantener el compromiso internacional de México con los organismos internacionales de cambiar el sistema tradicional por uno verdaderamente inoperante. Por su parte, se han gastado horas y horas de argumentos respecto a la gran evasión fiscal por el uso de facturas apócrifas, pero, paradójicamente, se ha mantenido el sistema de fiscalización sobre ese rubro de la administración pública anterior. Sistema que sólo provoca monopolizar el negocio, más que combatir esa práctica, y que no es más que la complacencia de los servidores públicos y la violación grave a los derechos fundamentales que permanentemente sufren los contribuyentes de a pie; un sistema que se volvió un paisaje normal que contemplan las instituciones que supuestamente administran justicia, quienes, atemorizadas por la reducción de salarios, poco pueden hacer. Finalmente, la práctica de expandir el derecho penal, con reformas constitucionales para aumentar los delitos que requieren prisión preventiva no es una muestra de cambio de los gobiernos de los últimos 20 años; es, por el contrario, un ejemplo claro de que no se sabe qué hacer respecto al combate a la inseguridad pública. Práctica que, por lo pronto, nos tiene entretenidos con la persecución de los migrantes del sur. Sin embargo, es evidente que no puede haber seguridad pública, si no hay seguridad jurídica; y todas las reformas van encaminadas a la inseguridad jurídica. Por ello, hoy la norma suprema es que: cada quien haga lo que quiera.

Por último, y más lamentable que los dos puntos anteriores —aunque nos sorprenda—, es la pérdida de identidad nacional, sobre todo en las nuevas generaciones. A este respecto, con lo primero que se debió partir en la anhelada cuarta transformación fue con abrir un debate serio y profundo de carácter nacional sobre a la educación en el país para que ella deje de ser tan instrumental, como lo es actualmente, y pase a ser más reflexiva y participativa; si la intención es moralizar la nación, eso no se hace con el auxilio de las organizaciones religiosas, como se pretende llevar a cabo (en particular, con la iglesia evangélica), pues, de ser así, nos enfrentaríamos a la moral del poder y no a una moral pública que permita la solidaridad entre los ciudadanos; moralizar con el auxilio de las instituciones religiosas contraviene al Estado laico.

Desde luego que un año tampoco es mucho para todo lo que se tiene que hacer y afrontar en un país que se encuentra a punto del colapso, pero había cosas que con un pequeño cambio hubieran permitido (y permitirían), efectivamente, materializar esa transformación. Desde luego que, para ello, se requiere una democracia revolucionaria y participativa, que no son las encuestas dominicales o, bien, ocurrentes votaciones “preparatorianas” para cancelar proyectos de construcción o continuar con alguna determinada política pública. Se necesita esa democracia revolucionaria que permita, entre otras cosas, la despolarización que tanto hace falta en México y, desde luego, se puede hacer y por ello tantos mexicanos votaron por esta nueva propuesta.