Desde la academia, esto es en los libros, sus autores, los investigadores, siempre han preguntado como una cuestión central de la filosofía del derecho, ahora discriminada por la educación oficial y desprestigiada por los economistas, si el derecho, y en particular si los derechos fundamentales son propiedad de los muertos o bien, son propiedad de los vivos, pues si son propiedad de los muertos, entonces no se pueden modificar o reformar las disposiciones, leyes y constituciones, pero si son propiedad de los vivos sucede lo contrario, se pueden modificar incluso permanentemente.

La respuesta de los académicos se encuentra en las palabras del máximo exponente actual de este tema, que es el profesor italiano Luigi Ferrajoli, al sostener ese enunciado ya mencionado: “Nunca mas” a los horrores de los totalitarismos, la que he llamado “esfera de lo no decidible”: lo que ninguna mayoría puede decidir, violando los derechos de libertad, y lo que ninguna mayoría puede no decidir, violando los derechos sociales.” (Ferrajioli, Luigi, “Principia iuris”, tomo I, Trotta, Madrid, 2011) es decir, en particular los derechos fundamentales no pueden modificarse para reducirse o transformarse los mismos de tal forma que sean menos extensivos.

Y esa misma determinación se encuentra actualmente definida en la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, (caso Gelman vs Uruguay, 24 de febrero de 2011) en donde se ha sostenido, haciendo alusión a la nación uruguaya que: “El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones, no le concede, automáticamente ni por si sola, legitimidad ante el derecho internacional”. Por tanto, los derechos fundamentales son propiedad de los muertos, es decir no se pueden modificar para evitar que se originen estados totalitarios que permiten la reducción de los mismos y con ello mas que contravenir las libertades de las personas, es desde luego poner en riesgo sus propias vidas.

En los tiempos de la administración publica anterior y previos a la conmemoración del centenario de la Constitución mexicana, se conformó una comisión en el senado para analizar la viabilidad de que con esa conmemoración fuera una fecha emblemática para crear una nueva constitución, sin embargo los tiempos políticos de hace dos años no se prestaron para ello y afortunadamente no sucedió ese cambio de constitución.

En estas fechas de inicios de febrero de 2019, y en particular con la conmemoración oficial de la promulgación de la Constitución, de nueva cuenta se hace mención desde Querétaro, de la supuesta necesidad de crear una nueva Constitución mexicana, cuando el propio conocimiento popular el que es más efectivo, en muchas ocasiones, que la propia ciencia, sostiene que: “nadie sabe lo que tiene, hasta que se cambia de casa”. Y precisamente esto es lo que puede suceder, que resulte que en el cambio de Constitución lejos de que se amplíen los derechos de los gobernados se disminuyan, o bien, que se caiga en un debate respecto a la interpretación de la nueva Constitución que provoque la ineficacia de esa Constitución y que el efecto de ello en las calles y campos de nuestro país es la discriminación, racismo, violencia, desempleo, pobreza, delincuencia, migración y sobre todo muertes generalizadas.

Debe de considerarse que hoy la nación no está para pensar en una nueva Constitución, sino en hacerla efectiva, es decir, “vivir la Constitución”, tal y como se sostuvo en aquella recopilación en donde diversas plumas analizaron la procedencia de crear una nueva Constitución (viviendo la Constitución. –a cien años de su promulgación- Universidad de la Sierra, Puebla, México, 2017).

Desde luego que el problema que se tiene para crear esa nueva constitución es la ausencia de los canales democráticos para ello, pues o bien, se cae en la tecnocracia y son los especialistas los que sin oír a la población dictan la Constitución, o en el polo opuesto, esto es en la oclocrácia la multitud por sus simples impulsos determinen el contenido de esa nueva Constitución, por ello es que no debe perderse de vista que los derechos constitucionales son  propiedad de los muertos.