‘Los Viagra’, adversarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron descuartizados y exhibidos como una muestra del poder que tienen los triunfadores de la pugna criminal.

 

Cuando la llamada ‘guerra’ contra el crimen organizado inició, las escasas huestes de Felipe Calderón decían: “Es pleito entre narcos (…), se están matando entre ellos (…), está bien que se haga una limpia (…). Por algo los mataron (…), en algo andaban metidos”.

 

Era el hábito de criminalizar a las víctimas.

 

Esa era la perspectiva, la visión que los calderonistas querían mostrar. La realidad demolió esa óptica. Poco a poco comenzaron las extorsiones, los ‘levantones’, las desapariciones de civiles que no eran narcos, ni tenían relación con ellos.

 

Paulatinamente el país se dio cuenta que los criminales se mataban entre ellos, pero de la misma manera y con igual saña arremetían contra ciudadanos completamente ajenos e inocentes.

 

Así se desbordó la mayor masacre que haya visto este país. Los muertos y los desaparecidos se cuentan por decenas de miles.

 

El punto crítico de la criminalización calderonista ocurrió en las horas siguientes a la masacre en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez.

 

La madrugada del 31 de enero de 2010, alrededor de 60 estudiantes del CBTIS 128 y del Colegio de Bachilleres plantel 9 celebraban una fiesta. Esa madrugada fueron objeto de uno de los atentados más crudos de la historia reciente. Un grupo de 20 sicarios que viajaban a bordo de siete camionetas entraron al lugar de la fiesta y abrieron fuego.

 

Quince personas murieron y 10 más resultaron heridas; todos tenían entre 15 a 20 años de edad.  

 

En las primeras horas del 31 de enero, Calderón declaró que se trataba de un “pleito entre pandilleros”. Las evidencias lo callaron, nunca hubo pruebas de que los jóvenes ultimados fueran delincuentes o tuvieran nexo con ellos.

 

Ante la realidad, el presidente de la República tuvo que ofrecer disculpas.

 

Entonces viajó a Ciudad Juárez, donde encabezó aquella reunión en que una madre de familia le dijo de frente: “Usted no es bienvenido, señor presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace años y nadie ni ha querido hacer justicia. Juárez está de luto. Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no los puedo buscar”.

 

Aquella masacre en Villas de Salvárcar fue la última ocasión en que Calderón y sus tropas intentaron criminalizar a las víctimas.

 

Hoy, a nueve años de distancia, todos los mexicanos saben que en las guerras entre criminales el pueblo queda en medio, mientras el gobierno en sus tres niveles sólo es un mudo testigo.

 

Los reportes más recientes indican que está por iniciar una nueva guerra entre cárteles.

 

Las últimas versiones apuntan a un inminente enfrentamiento entre las cabezas del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

 

Luego de la sentencia a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, todo indica que viene la madre de todas las batallas entre Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes.

 

Es la guerra por la jefatura absoluta de las redes criminales, el choque por el control de la producción y distribución de todos los estupefacientes. Las demás ramas delictivas como las industrias de la extorsión y el secuestro, así como las organizaciones del huachicol van como un premio adjunto.

 

Y debe escribirse tal como es: el gobierno del presidente López Obrador poco hace para detener la guerra que está por iniciar.

 

El problema de fondo es que el mandatario no tiene operadores. No ha buscado crear un cuerpo de verdaderos asesores en materia de seguridad, ni ha indagado sobre los mandos que podrían diseñar y operar las estrategias frente a esta crisis.

 

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, es un pequeño burócrata que ni remotamente tiene la capacidad para concebir un plan de seguridad interior.

 

La Guardia Nacional es la mayor fuerza de seguridad que se haya construido en toda la historia de México. Pero es como un mazo en manos de un infante.

 

Las versiones aseguran que estamos a punto de presenciar la mayor de todas las carnicerías. Y por ende, el pueblo quedará bajo ese fuego.

 

Aún estamos a tiempo para que el presidente López Obrador se rodee de verdaderos asesores. De lo contrario, la 4T quedará en medio de la guerra entre ‘El Mayo’ y ‘El Mencho’.

 

Y este periodo de gobierno no será recordado ni por Dos Bocas ni el Tren Maya y mucho menos por Santa Lucía, sino por la guerra sanguinaria entre los cárteles más poderosos.

 

Como siempre, quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..