En Cúpula hemos subrayado que toda esta embestida tiene como objetivo pulverizar lo que queda del priismo.

El presidente López Obrador sabe que el único agente político que podría orquestar un golpe y revertir la 4T es su némesis Carlos Salinas de Gortari. Estamos ante un doble mensaje. Primero demoler la costumbre de la corrupción y el latrocinio. Pero al mismo tiempo y aprovechando el viaje, AMLO sepulta toda posibilidad de recomposición en el PRI. El tricolor está siendo liquidado e incinerado.

El proceso contra Robles continuará. José Antonio Meade será emplazado a comparecer aunque todo indica que le darán la oportunidad de que pueda defenderse de mejor manera. Pero en unas semanas los citatorios llegarán directamente a Luis Videgaray Caso y muy probablemente al ex presidente Peña Nieto.

Analistas y columnistas ya llaman a este episodio como un ‘maxiproceso’ porque representa la puerta al enjuiciamiento de prominentes figuras del Estado mexicano. Algo que nunca habíamos visto.

Pero otra lectura que deja el litigio es que López Obrador está enviando un claro y contundente mensaje a los gobernadores de Morena.

La señal presidencial indica: “Este es el camino, así se debe proceder contra la corrupción y el saqueo”. Los gobernadores emanados de su partido deben proceder en el mismo sentido contra ex funcionarios que hicieron del latrocinio un hábito.

Sin duda, el gobernador Miguel Barbosa sabe leer el mensaje que envía el Ejecutivo federal.  Sin embargo, aquí el gran reto es que la justicia administrativa y penal sea verdaderamente equitativa.

Hace unos días apuntamos que sería muy lamentable que la 4T se condujera con base en aquella máxima de: ‘A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas’.

Lo cual perdería el verdadero sentido de la justicia.

Lo que Puebla está esperando es que se aplique la ley a funcionarios del pasado, lo mismo panistas que priistas, concretamente a aquellos que dejaron un ‘hoyo financiero’ en la Secretaría de Finanzas y que adquirieron uniformes y calzado con dolosos sobreprecios.

Pero también debe aplicarse ‘todo el peso de la ley’, como dice AMLO, a los actuales alcaldes de Morena que están haciendo de la opacidad y la voracidad arraigadas costumbres.

Es más que descriptiva la vileza de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, quien se ha negado a transparentar los ingresos por concepto de ambulantaje y ‘giros negros’.

En el caso de Tehuacán, hace unas semanas el gobernador Barbosa señaló que se realizó una profunda auditoría a la gestión de Felipe Patjane y que ‘se aplicaría la ley’. Pero los resultados de la referida investigación se mantienen en reserva y cubiertos con un manto de misterio.

Lo que Puebla espera es que la justicia mida con la misma vara y que realmente sea equitativa.

Como siempre, quedo a sus órdenes en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.