Y es que para conocer las entrañas delictivas que flagelan al país se puede trazar un esquema que opera exactamente igual en cualquier parte de la república mexicana. La mecánica es la misma, el método y sistema de operación es igual. No importa el lugar; la geografía pasa a un segundo plano. La técnica se aplica lo mismo en Delicias, Chihuahua o en Playa del Carmen, Quintana Roo.

 

Un grupo delictivo llega a cualquier ciudad o municipio del país. Busca casas en colonias alejadas de la zona conurbada, en juntas auxiliares o en rancherías. Los sitios son curiosamente similares. En fraccionamientos cerrados, privadas o callejones. O bien en ranchos donde no hay vecinos en dos kilómetros a la redonda.

 

Están acostumbrados a vivir en la discreción, en el silencio. Siguen adquiriendo casas y bodegas. Todos los pagos son de contado. Para ellos comprar una casa de 7 millones de pesos en efectivo es una rutina.

 

Luego comienzan a trazar la ruta de trabajo. ¿Qué actividad criminal se desarrolla en ese lugar? Tráfico de estupefacientes, tráfico de migrantes, extorsión a los sectores productivos, secuestro, trata de personas, huachicol, asaltos de transportistas en carreteras… en fin toda la cadena de actividades ilegales.

 

Una vez que ese grupo criminal arranca operaciones, irremediable, inexorablemente inicia un proceso de mayor o menor colusión con lo que Durazo ha llamado ‘el crimen uniformado’.

 

El tamaño de la complicidad será en la misma proporción a la estatura del criminal.

 

Un narcomenudista con toda seguridad contará con el respaldo de un director de seguridad pública municipal; un capo huachicolero tendrá el apoyo del secretario de seguridad de esa entidad; pero un comando armado que secuestra a 19 personas inapelablemente cuenta con la complicidad de los más altos mandos policiacos y ministeriales de ese estado.

 

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las investigaciones nunca llegaron hasta los procuradores hoy llamados fiscales; tampoco contra los generales responsables de determinadas zonas militares.

 

Fue en ese lapso de 12 años cuando se fingió, se simuló librar una guerra contra el crimen organizado. Pero sus escuálidas y raquíticas investigaciones jamás pasaron de los niveles bajos.

 

Ayotzinapa es el ejemplo mejor ilustrado. Las autoridades federales procedieron contra el matrimonio Abarca, pero jamás osaron señalar y detener al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero y mucho menos a los mandos castrenses de la 35ª Zona Militar, el General Alejandro Saavedra Hernández y el Coronel José Rodríguez Pérez. Pese a que se presentaron formales declaraciones contra Rodríguez, la impunidad fue absoluta.

 

Las declaraciones vertidas en una corte de Nueva York aseguran que los sobornos del narcotráfico llegaron hasta los más altos niveles de la política mexicana.

 

Por eso montaron una gran farsa. Por eso la guerra solo golpeó a los eslabones más bajos de la cadena criminal. Pero nunca se atrevieron a lastimar el verdadero negocio.

 

A 100 días de iniciada la administración del presidente López Obrador los mensajes deben comenzar a enviarse al ‘crimen uniformado’, ya.  A los secretarios de seguridad pública, fiscales, procuradores, generales responsables de zonas militares e incluso gobernadores.

 

El gobierno de la 4T no tiene excusas, ni pretextos. Todos los grupos legislativos aprobaron la creación y operación de la Guardia Nacional. El respaldo nacional es unánime.  

 

Pero el combate en contra de la delincuencia y sus aliados oficiales debe arrancar ya. Antes de que en realidad comience el desencanto social.

 

El proceso contra el General Eduardo León Trauwitz es un claro ejemplo de un escenario decepcionante. El martes 8 de enero en una de las ‘mañaneras’ se reconoció que el militar responsable de la seguridad de Pemex estaba bajo ‘investigación conjunta y de todas las dependencias’; de acuerdo a lo que se dijo.

 

Pero ya pasaron dos meses y la investigación continúa sin que el oficial sea consignado, ni detenido. Ni siquiera han podido congelar sus cuentas bancarias porque un juez federal revirtió la medida.

 

Si el presidente López Obrador quiere pasar a la historia e iniciar una verdadera transformación nacional deberá sentar las bases de dos o tres sexenios de izquierda.

 

Sus adversarios y detractores es lo que quieren impedir. Los grandes capitales de este país están financiando una guerra mediática con miras al año 2024. Para ellos es de vital importancia impedir que crezca una cultura política de izquierda.

 

Ellos -la oligarquía financiera, la plutocracia mexicana-, quieren recuperar sus privilegios en el año 2024. Entre ellos por supuesto su aeropuerto de Texcoco.

 

La pacificación del país es una responsabilidad histórica y moral. Y si el mandatario no puede abatir los índices de violencia y criminalidad su desplome popular sea irremediable.

 

Ya no tienen pretextos para enfrentar al crimen organizado. Tienen todos los elementos para hacerlo. Pero si fallan, sus adversarios los van a avasallar con esa derrota. Y la 4T quedará como otra víctima de la violencia.

 

Al tiempo.

 

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