Las dos crisis de seguridad que movilizaron a la sociedad mexicana para exigir resultados ocurrieron durante el sexenio panista de Felipe Calderón y sobre todo a lomo de su estrategia de seguridad al lanzar a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales en contra de los cárteles del crimen organizado. Con Peña Nieto estalló la crisis de Ayotzinapa y denuncias de abuso de fuerza, pero no llevaron a un replanteamiento de su estrategia continuista porque se trataron en Ministerio Público.
La reunión más importante fue la del 2008 porque marcó dos puntos clave: la aprobación de un plan de modernización de la justicia policial y penal y la maldición del empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, de que “si la vara está muy alta y no puede, renuncien”.
En el gobierno lopezobradorista, el Plan de Paz y la creación de la GN carecieron de un diagnóstico de crimen y la situación del aparato de justicia y sobre todo sin una evaluación crítica del fracaso del Acuerdo de 2008 en el que estuvieron involucrados muchos de los políticos y funcionarios hoy en el poder. Inclusive, el propio López Obrador, en el 2008 en confrontación contra las instituciones y con el cargo de presidente legítimo, afirmó que las propuestas de Calderón eran cuestionables y agregó que “en esencia prepone un nuevo modelo policiaco”, “es pura faramalla” y para ir a fondo entonces debería “cambiar la política económica” -que hoy es la misma del gobierno de AMLO- y destituir “cuando menos” al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño) y al de Seguridad Pública (Genaro García Luna).
Pero lo interesante y novedoso del Acuerdo del 2008 fueron no sólo las propuestas de reorganización, sino que se le dieron plazos calendario muy precisos: de los 74 compromisos con fechas de realización, apenas se atendieron los más fáciles; los demás quedaron en el limbo burocrático. Y pese al reclamo del poeta Sicilia por el asesinato de su hijo en un conflicto de cantina que el muchacho no inició pero que enardeció a sicario, Calderón y Peña Nieto se olvidaron de sus promesas.
El acuerdo del 2008 fue exacto:
-4 meses para modelo de control de confianza.
-1 año para centros de control de confianza.
-1 año para evaluación permanente de funcionarios de seguridad.
-6 meses para un sistema nacional de desarrollo policial.
-2 años para un sistema de desarrollo de ministerios públicos locales.
-6 meses para apoyar a estados y municipios con crisis de seguridad.
-6 meses para acabar con narcomenudeo.
-18 meses para fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada.
-6 meses para una estructura contra el lavado de dinero.
-18 meses para fortalecer ministerios públicos federales.
-6 meses para red de atención a víctimas.
-6 meses para controlar celulares.
-3 meses para estructura de denuncias contra la corrupción.
-6 meses para un sistema único de información criminal.
-Y, entre otras, dos meses para la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de los compromisos.
Nada se hizo y la inseguridad escaló por el fracaso de lo que se prometió arreglar.
El diagnóstico del 2008 reconoció el fracaso del Estado y “el deterioro institucional y estructural, el “alto grado de impunidad” y, lo más grave, “el control territorial” de grupos criminales sobre territorios de la soberanía del Estado.
Este diagnóstico de 2008 y los compromisos asumidos apabullan la estrategia del gobierno entrante de centrar el éxito de su estrategia en la Guardia Nacional con personal de Policía Militar y Policía Naval, porque el problema es de estructuras policiales, de seguridad, del Estado y de la sociedad que protege a criminales.
Los compromisos del 2008 revelaron lo inservible de la estructura de seguridad, justicia y penal y la Guardia Nacional será sólo un organismo operativo en vigilancia y persecución de delincuentes. Paradójicamente, el modelo de la GN y el Plan de Paz se parece al que López Obrador en 2008 calificó de modelo policiaco calderonista, sin contenido social, sin reorganización del Estado y sin programas sociales efectivos y no solo asistencialistas.
Peor aún, el Plan de Paz de López Obrador es menor al Acuerdo de Calderón, aunque con las pruebas de que el del 2008 fue demagógico y se abandonó apenas firmado.
Y si la bancada de Morena llevó la consigna presidencial de aprobar la GN, la oposición resultó mediocre porque no pudo hacer una revisión crítica de lo prometido en 2008 y 2011 ni exigió rendición de cuentas de lo fracasado.
-0-
Política para dummies: La política que no revisa sus errores está condenada a… acumular fracasos.
@carlosramirezh
---30---
