El resultado generó que el Ejecutivo federal concentre, hoy, un vastísimo poder. Ello debería permitirle impulsar los cambios necesarios para alcanzar el tan proclamado cambio de régimen que ofertó en campaña. Cuenta con una amplia mayoría legislativa y con suficientes autoridades locales emanadas de su partido para garantizar la coordinación entre los órdenes de gobierno.

Sin embargo, la eficacia del gobierno depende también de la calidad de la oposición. Tener mayoría ayuda pero no es suficiente y también puede resultar perjudicial. Por ello, aunque minoritaria, la oposición debería ser capaz de impulsar una agenda mínima para encauzar la voluntad presidencial y, sobre todo, evitar la degradación institucional y contener los impulsos que pareciera buscan la concentración de poder. No se trata de oponerse de facto al Presidente #AMLO, sino de evitar la discrecionalidad. Los cambios deben realizarse pensando que la vida de las instituciones públicas no debe depender de la voluntad unipersonal, sino de la fortaleza del enramado institucional.

Poco ayuda una oposición cuyo debate se centra en la apariencia de unos zapatos. Las energías deben focalizarse en los asuntos estratégicos que garanticen el mantenimiento de un sistema democrático saludable. Es en ese sentido que el ya famoso memorándum presidencial decretando la cancelación de la Reforma Educativa parece confirmar esa tendencia autoritaria.

Los comentarios presidenciales que buscan limitar el papel de la prensa independiente y los obstáculos impuestos a la sociedad civil organizada evidencian también su poca receptividad ante la crítica.

La iniciativa presentada por el Presidente del Senado, de Morena, que busca ampliar el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera buscar controlar el último de los poderes que hoy no ha sucumbido a la mayoría morenista.

La feroz y sistemática embestida que han sufrido los organismos autónomos constitucionales tampoco ofrece buenas señales. La asfixia presupuestal del INE, la cooptación de la CRE con perfiles poco idóneos después de que las ternas presidenciales fueron rechazadas por el Senado y la próxima desaparición del INEE confirman que las fuentes independientes de información y evaluación le resultan incómodas a AMLO.

La posible degradación del pacto federal por medio de los llamados ‘superdelegados’ y la denostación del trabajo legislativo evidenciado en la aprobación de la Guardia Civil y el trámite de la Reforma Educativa son pasos que reiteran la misma trayectoria.

El tema de nuestro tiempo (en palabras de Ortega y Gasset) tiene que ver con la contención de las tendencias que impulsan la concentración de más poder en la figura presidencial. Este contexto exige la defensa de nuestro incipiente sistema de pesos y contrapesos. La falta de sustento constitucional del memorándum presidencial que busca dejar sin efectos la Reforma Educativa reviste de la mayor gravedad. Con ese acto, el Presidente hoy exige violar la ley.

En el futuro inmediato, la gran batalla en pos de la defensa de las libertades deberá centrarse en la limitación de los alcances del referéndum de mitad de término (relativo a la revocación de mandato) que impulsa López Obrador y que, por cierto, también tiene deficiencias legales, pues no podría aplicarle a su administración. Ese es, por mucho, el objetivo estratégico de mayor relevancia.