En un país pleno de masacres, lleno de desaparecidos y de cadáveres, los 14 asesinados de Minatitlán le demuestran a López Obrador, le demuestran a México, que la violencia está muy lejos de ser controlada o de iniciar una tendencia a la baja. Todos los días la criminalidad toca a nuestra puerta, ya sea en forma de asaltos violentos, de homicidios, secuestros, y que la llegada al poder del tabasqueño, por sí misma, no modifica ningún parámetro de esa realidad en la que los mexicanos somo blanco de los mexicanos.

 

La masacre de Minatitlán toca a la puerta de Puebla porque una de las mujeres que murió ahí era estudiante de la Universidad del Valle de México (UVM). Patricia Cabrera Ramos, de apenas 20 años, cursaba la carrera de Nutrición en esa Universidad, iba en octavo semestre, muy cerca de terminar la licenciatura, y al igual que las otras 13 personas, entre ellas un menor de edad, “se equivocó” en asistir a un salón de fiestas en donde un comando decidió perpetrar una masacre supuestamente porque perseguían a un sujeto que entró a refugiarse ahí.

 

La violencia homicida es tan banal como en Minatitlán. Patricia seguramente regresó a Minatitlán con motivo de la Semana Santa, y también seguramente acompañó a su familia a esa fiesta. Ni conocía a los del comando, ni al supuesto sujeto que se refugió ahí. Simplemente le tocó morir ahí, sin lógica ni razón alguna, sin poder terminar su licenciatura en Nutrición en Puebla.

 

Esta masacre ni es nueva ni diferente a otras que han ocurrido en la última década. Sin embargo, le resta al capital político de López Obrador en su activo más importante: la capacidad de hacer surgir la esperanza entre los mexicanos.

 

 

Nadie, ni el más optimista, por supuesto que ni él mismo, esperaba que con la llegada del tabasqueño a Palacio Nacional la violencia cesara como por arte de magia. Lo dijo en campaña, así lo prometió, pero nadie en realidad lo creía.

 

Lo que los mexicanos sí esperábamos es que en el primer semestre de su gobierno comenzara a notarse un cambio de tendencia. Esperanza es lo que AMLO despertó en nosotros, y es lo que Minatitlán le ha quitado: la esperanza en que las cosas pueden ser diferentes, en que la violencia puede terminarse, en que su plan va a dar resultados.

 

Porque aquí, en Puebla, definitivamente no.

 

Si el homicidio doloso es el indicador más puntual, en estos tres primeros meses del año hemos entrado al top ten de las entidades más sangrientas del país, algo que veíamos lejos pese a los números crecientes en delitos de alto impacto.

 

En estos tres meses, la designación de Pacheco Pulido estabilizó la situación política, y la llegada de Manuel Alonso como responsable de Seguridad Pública generó la expectativa de que podría poner en orden a los inexpertos e incapaces titulares de Seguridad Pública Municipal, con Lourdes Rosales de la SSPTM como gran exponente.

 

Pero nada resulta, nada mejora. En Puebla se cuentan 360 homicidios entre enero y marzo, 18 por ciento más en comparación del primer trimestre de 2018, cuando hubo 304. Con esa cantidad de víctimas, por primera vez Puebla entra al top ten de estados más violentos.

 

Ambas son noticias mayores, pero la peor es que nuestro estado duplicó la tasa nacional de crecimiento de la violencia, situada en 7.9 por ciento, mientras que en Puebla fue del 18 por ciento. Es decir, nosotros vamos peor que el resto del país.

 

Esta es una situación gravísima que no puede ser pasada por alto por los candidatos a gobernador especialmente por quien se perfila como ganador, Luis Miguel Barbosa, a quien sin duda se debe que el gobierno rectificara y decidiera enviar a Puebla y Tehuacán a la Guardia Nacional, pese a que ambos municipios no estaban contemplados de origen.

 

Entre sus propuestas que pasaron desapercibidas por la Semana Santa se encuentra la designación de un titular de Seguridad Pública que no sea del estado, lo que significa dos cosas: Manuel Alonso no continuará como secretario, y dos, es posible que el nuevo titular sea ‘palomeado’ directamente por Alfonso Durazo, de tal forma que sea mucho mejor la coordinación con la Guardia Nacional.

 

Aunque no es su función específica, Barbosa también abrió la puerta a la continuidad de Fernando Manzanilla como titular de la SGG, lo que incidirá en poner en marcha un plan urgente contra la violencia y reducir la tasa de crecimiento que duplica la nacional. Reconciliación sí, pero urge un plan contra la violencia.

 

Mientras la violencia es el asunto urgente, Enrique Cárdenas continúa su verborrea de poner a los ciudadanos en el centro de la vida pública, y que todos los poblanos tengan las mismas oportunidades cualquiera que sea su origen.

 

Que se lo diga a los 360 que murieron entre enero y marzo.