Un día antes de la toma de protesta del gobernador Luis Miguel Barbosa, la familia Hank Rhon y su grupo Hermes —auténticos propietarios de Agua de Puebla— han decidido iniciar un peligroso juego de vencidas en defensa de su concesión a la que le restan 25 años de vigencia.

 

 Ese juego de vencidas consiste en darle al gobierno el mismo trato déspota, altanero y sin miramientos que día a día recibimos los poblanos cuando se busca renegociar adeudos y suspensión del servicio. Un trato en el que sólo le aplica la ley a secas, ley aprobada por el morenovallismo para hacer del agua un negocio.

 

Se trata de un juego peligroso porque mañana, en su discurso de toma de protesta, Barbosa asumirá su postura final frente a la privatización del agua tras recibir el asesoramiento de por lo menos tres importantes despachos jurídicos que llevan semanas analizando el titulo de concesión, así como sus modificaciones.

 

Además del anuncio de la cruzada contra la corrupción, es probable que Barbosa fijará el tema de cómo abordará el tema de la privatización del agua: si va por el rescate de la concesión lanzándose a un litigio de resultado improbable, o apuesta por apretar a Grupo Hermes a través de diversas modificaciones legales que desemboquen en una nueva negociación con mejores condiciones para los usuarios.

 

Todo indica que la apuesta del gobernador Barbosa será ir apretando el cuello de los Hank Rhon para estrangular lentamente su negocio. La primera movida es la reforma que se planteará este día para quitarle a Agua de Puebla el uso de la fuerza pública para realizar los cortes de servicio, así como para prohibir a usuarios domésticos que consuman menos de 300 litros diarios.

 

Sin policías estatales o municipales que cuiden a los empleados de Agua de Puebla al hacer los cortes, prácticamente queda invalidada su facultad, pues los usuarios podrían resistirse legítimamente, o incluso los funcionarios de la empresa serían acreedores a la comisión de delitos en vías generales de comunicación si abren calles, o daños en propiedad ajena si le dan de martillazos a alguna propiedad.

 

Sin auxilio de la fuerza pública, Agua de Puebla no puede cortar el servicio, y si no puede cortar el servicio, difícilmente podrá cobrar adeudos. La estrategia del estrangulamiento.

 

Hank Rhon, a través de su empleado Héctor Díaz Durán, ha decidido ponerse la soga al cuello al negarse a una reunión con Leobardo Rodríguez, secretario de Administración municipal, para negociar la tarifa que cobrará al Ayuntamiento de Puebla por sus inmuebles públicos donde se prestan servicios públicos.

 

En vez de acceder a una negociación, Díaz Durán envió a empleados segundones de la empresa a imponer las mismas condiciones draconianas que impone a todos los poblanos: compren sus medidores, instálenlo y paguen lo que dice la estructura tarifaria que se calcula al año en alrededor de 8.5 millones de pesos.

 

El problema es que Agua de Puebla no le cobró eso a la administración de Gali que culminó Banck, pues la renegociación de los últimos días de octubre permitió que el Ayuntamiento pagara poco más de 1.6 millones de pesos por año de esa administración, cantidad que presupuestó el gobierno de Claudia para su primer ejercicio.

 

Pero luego del dictamen aprobado por el Cabildo que da pie a la posible remunicipalización del servicio, Agua de Puebla endureció su actitud. Hizo un requerimiento de pago para evitar el corte del servicio, y mantuvo su postura de obligar a colocar los medidores y aplicar la estructura tarifaria para edificios públicos.

 

Todavía anoche, Agua de Puebla mantuvo su misma postura en un comunicado y la única oferta al Ayuntamiento fue absorber la instalación de los medidores de agua, pero no reconfigurar los adeudos. Pagar 300 mil pesos en instalación de medidores para recibir casi nueve millones. Negociazo.

 

En el war room de Barbosa entendieron el mensaje de endurecimiento y el diputado Biestro salió a fijar la postura de Morena: se trata de un acto de extorsión de la empresa concesionaria, y obstaculizar la prestación de servicios públicos en edificios públicos es un delito.

 

Evidentemente, Hank Rhon no entiende que jugar a las vencidas con el gobierno es garantía de derrota.

 

Habrá que estar atentos a la designación del nuevo titular del Soapap que sustituirá a Gustavo Gaytán, el funcionario coludido con los Hank Rhon y Agua de Puebla, ya que será el encargado de operar el estrangulamiento.