Al igual que Rosario Robles, los sobrevivientes del morenovallismo candidatos a rendir cuentas por sus actos de corrupción, por no decir ir a la cárcel, se aferran al clavo ardiente del “yo no firmé nada” como justificación o autoexoneración que, por cierto, no le funcionó a la ex titular de Sedesol y Sedatu, pues el juez Felipe de Jesús Delgadillo la enchiqueró dos meses hasta que termine la indagatoria.
Quizá eso es lo que tiene más en shock a la clase política corrupta del PRIAN que diseñó un entramado legal para exonerarse de cualquier responsabilidad: delegar en funcionarios menores del aparato gubernamental las responsabilidades administrativas y penales por desfalcos. Que vayan a la cárcel los gatitos de angora, pero no los caca grande.
Una práctica jurídica muy común del morenovallismo fue la firma de esos acuerdos delegatorios, publicados en el Periódico Oficial del Estado para sobrecargar de responsabilidades a directores y directores generales, y así poder exonerar a secretarios y subsecretarios de todas las movidas que implicaran riesgos penales.
Una cuidadosa revisión al Periódico Oficial del Estado revela esa estrategia jurídica del deslinde a la que se aferran los morenovallistas sobrevivientes. La clásica “yo no fui, fue teté”. Pero no les va a funcionar, como no le funcionó a Chayito.
Si la ex titular de Sedesol y Sedatu duerme ahora en Santa Martha Acatitla, no es por sus acciones sino por sus omisiones: es decir, no fue diligente en unos de los principios del servicio público que es cuidar la aplicación del presupuesto. Pese a que las auditorías de la ASF ya habían señalado las anomalías en la contratación de universidades públicas, Rosario Robles dejó hacer. No puso orden ni persiguió ni despidió a los señalados.
La omisión es un elemento central del tipo penal del delito del “ejercicio indebido del servicio público”, pues no sólo con acciones se lastima al erario o se es negligente. Rosario no tiene pruebas de haber informado al superior jerárquico —Peña Nieto— y pretende echarle la bolita a Meade al señalar en el acta de entrega-recepción las irregularidades ya señaladas en auditorías.
Pero todo se derrumba con la continuidad del delito, ya que al transitar a la Sedatu, se fueron con ella 16 funcionarios que estaban en Sedesol —entre ellos Emilio Zebadúa, Oficial mayor, y Juan Carlos Lastiri, subsecretario—. Y además continuó la ejecución de contratos irregulares conocidos como la Estafa Maestra, metodología del crimen organizado que después se traspasó a otros organismos federales y gobiernos estatales.
La palabra clave, pues, es omisión: puede que X morenovallista, secretario de gabinete, no haya firmado ningún elemento incriminador. Pero al tener dentro de sus obligaciones como funcionario público el cuidado de los fondos públicos, la debida procuración de lo público, el abandono, descuido o negligencia de ellas se tipifica como delito.
Hasta hace unas semanas, los morenovallistas y galicistas se ufanaban de lo mismo que Rosario Robles: “pues si no soy pendejo, yo no firmé nada”. Ahora, esa afirmación no es garantía de libertad en las guerras por venir.
Ese simple concepto de “omisión” ha puesto a temblar a todos los integrantes de las elites corruptas de México, y por supuesto, las de Puebla. Por eso ahora quizá es mejor considerar abandonar el estado y el país. Pedirle a Mario Marín recomendación de los lugares a dónde se pueden ir prófugos.
La lista de apanicados es enorme, pero a esta altura la encabeza el fantasmal Juan Carlos Lastiri, quien hace unos meses sufrió el robo de 150 millones de pesos en efectivo en su casa de La Vista. ¿De dónde salió ese dinero, sino de la Estafa Maestra?
Lastiri es el apanicado número uno, pero no se quedan atrás los divinos morenovallistas que ven pasar sus días sin decidirse a fugarse o quedarse aquí con el riesgo de dormir en San Miguel.