Martes, 17 de Septiembre del 2019
Miércoles, 04 Septiembre 2019 04:01

Minimizar el costo político de la tarifa: 7.50 pesos, el justo medio

Minimizar el costo político de la tarifa: 7.50 pesos, el justo medio Escrito Por :   Arturo Rueda

Por supuesto ese 1.50 no es lo que desean los concesionarios, pues ellos buscan de 2 a 3 pesos. Sin embargo, el gobernador Barbosa podría pactar otra subida a la tarifa para 2022 a condición de que cumplan los compromisos en materia de modernización de las unidades, padrón de choferes y sobre todo mecanismos de seguridad para abatir el robo en el transporte.


 

El incipiente gobierno de Luis Miguel Barbosa enfrentará su primera prueba ante la opinión pública con el alza al transporte público, al mismo tiempo que definirá su relación con los poderes fácticos. El incremento de la tarifa, inevitable por el subidón de costos y porque hace casi una década no se autoriza, debía haberse realizado por la administración de Pacheco Pulido, quien se negó a hacerlo.

 

El costo político que pagará el gobierno de Barbosa será directamente proporcional al incremento de la tarifa. A más incremento económico, más costo político. Los concesionarios, por supuesto, quieren que el alza sea lo más alto posible ya que no saben cuándo podría autorizarse otro, pero el gobierno debe calcular las necesidades del mercado, también el impacto social sobre todo en la zona metropolitana.

 

El panismo se frota las manos e incluso tiene preparada su campaña de redes con la que quieren vanagloriarse de que en los 8 años de gobiernos panistas no hubo alza y en apenas un mes de gobierno de Morena ya se dio el incremento. Es el argumento, quizá, que necesitaban para revivir de cara al 2021.

 

Todo dependerá del incremento final.

 

Según los concesionarios, el incremento fijará la tarifa en el promedio nacional que es 8.75 pesos, por lo que a partir del 17 de septiembre, para efectos de redondeo, se fije entre 8.50 y 9 pesos. El alza de entre 2.50 y 3 pesos rompe cualquier proporcionalidad con la inflación, ya que significaría entre 41 y 50 % de un sólo golpe.

 

Parece imposible asumir ese porcentaje ya que de acuerdo con la calculadora del INEGI, entre enero de 2011 y la fecha el incremento de la inflación ha sido del 37.7 %. Aplicándolo, la tarifa sería de 8.2 pesos, por lo que para efectos prácticos, el gobernador debería decidir si queda entre 8 y 8.50 pesos.

 

Hasta ahora hablamos de la pura racionalidad del mercado económico, pero el criterio político también deberá pesar. Especialmente tratándose de un gobierno que apenas arranca y que debe asumir un costo que le tocaba a la administración interina de Pacheco Pulido.

 

Para evitar que el PAN tenga una bandera electoral y tomando en cuenta la delicada situación de Morena en la zona metropolitana y la capital donde la marca del partido está lastrada por los pésimos gobiernos municipales, la lógica política indica que el aumento deberá ser menor al de la inflación acumulada.

 

Un buen equilibrio entre la lógica económica y la política sería una tarifa de 7.50 pesos, pues un incremento de 1.50 pesos representa un 25 % de la actual, que es alto considerando el proceso inflacionario, pero de alguna forma asumible.

 

Por supuesto ese 1.50 no es lo que desean los concesionarios, pues ellos buscan de 2 a 3 pesos. Sin embargo, el gobernador Barbosa podría pactar otra subida a la tarifa para 2022 a condición de que cumplan los compromisos en materia de modernización de las unidades, padrón de choferes y sobre todo mecanismos de seguridad para abatir el robo en el transporte.

 

Así parece que la mejor solución es aumentar a 7.50 pesos. De esa forma se evita darle armas al PAN para revivir con argumentos de campaña, se sujeta a los concesionarios al cumplimiento de compromisos y además se minimiza el costo político a pagar por un gobierno que apenas entró en funciones y no recibió la cortesía del aumentazo.

 

El misterio de la nueva tarifa se resolverá pronto, pues el 17 de septiembre sabremos si hay Grito o no.  

 

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