La misiva firmada por 25 alcaldes emanados de Morena, dirigida al gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, merece inscribirse con letras de oro en el libro de la estulticia política, pero también de la ignorancia jurídica y revela la estatura liliputiense de los hombres y mujeres que gobiernan algunas de las ciudades más importantes del estado.

 

El documento, signado entre otros por Claudia Rivera Vivanco, Karina Pérez Popoca, Melitón Lozano y Marisol Cruz, además abre un peligroso precedente para ellos mismos, quienes al querer entrometerse en las designaciones del gabinete estatal, en realidad abren la puerta para que el propio Pacheco Pulido, o quien gane las elecciones del 2 de junio, se entrometa en las designaciones de sus gobiernos municipales bajo el principio de que quien se ríe, se lleva.

 

La historia de la misiva la contó el columnista Fermín Alejandro García en La Jornada de Oriente. Estos 25 alcaldes, que buscaban una reunión con el gobernador interino, redactaron a botepronto la carta como un arrebato emocional, una expresión de desdoro, a la cancelación de una reunión pactada previamente con el maestro Pacheco Pulido.

 

La carta-protesta, dice el columnista, tiene el objetivo de quejarse una vez “que no están de acuerdo que los nombramientos de funcionarios del Poder Ejecutivo únicamente recaen entre miembros del morenovallismo y del PRI; y que a los ediles no se les toma su opinión por parte de la administración estatal para la toma de decisiones, sobre todo en asuntos de repercusión regional”.

 

Por el impactante contenido de la misiva, me di a la tarea de conseguirla y uno de los auxiliares de los alcaldes me hizo llegar el texto presuntamente redactado por el alcalde de Izúcar, Melitón Lozano. Con tristeza comprobé que se trata de un bodrio de alto calibre, pero sobre todo una puerta peligrosa para ellos mismos.

 

El núcleo de la protesta se contiene en tres párrafos que se citan a continuación:

 

“Sin embargo, vemos con preocupación que estas expectativas no se están cumpliendo y se observa la tendencia de otorgar nombramientos en posiciones y cargos estatales para favorecer a personas y grupos bajo una lógica de operación política, en un binomio partidista entre morenovallistas y priistas”.

 

“Estos nombramientos de carácter estatal se han realizado también en las distintas regiones de nuestro territorio, para diversos cargos políticos, sin existir el debido acercamiento con las autoridades municipales para conocer las necesidades y la realidad municipal, de tal manera que a quienes se nombren, cumplan con los perfiles adecuados y que su trayectoria avale que vienen a abonar al desarrollo regional y no a desvirtuar con un componente de operación política”.

 

“Así entonces, exigimos que seamos consultados para la definición de los cargos regionales de índole estatal, en función del perfil profesional y no bajo criterios políticos de tal manera que garanticemos pluralidad en la conformación del gobierno estatal… Consideramos que es necesario replantear la relación institucional bajo el principio de autonomía municipal”. Hasta ahí la cita.

 

En otras palabras, estos 25 alcaldes quieren que el gobernador interino negocie las designaciones de su gabinete, además del resto de los funcionarios gubernamentales, con los alcaldes. Que nombre su gabinete al contentillo de ellos. No quieren: exigen.

 

¿Bajo qué principio jurídico? Nadie lo sabe, pues la última vez que leímos la Constitución General de la República, la Constitución Libre y Soberana del Estado de Puebla, además de la Ley Orgánica Estatal, todas las designaciones del gabinete y organismos descentralizados son facultad exclusiva del gobernador del estado, no de los alcaldes, ni tampoco establece que deba realizarse en acuerdo con los presidentes municipales.

 

Es tanta la ignorancia de los ediles de Morena, apellidados Rivera Vivanco, Pérez Popoca, Lozano, Cruz, que desconocen estos principios jurídicos en su carta protesta. Pero, suponiendo sin conceder, que no se trate de una protesta jurídica, sino de una demanda política, la única respuesta posible es si ellos consultaron las designaciones de sus gobiernos municipales con Tony Gali —era el gobernador en funciones— o luego con Martha Erika Alonso —en su breve periodo—.

 

En otras palabras: ¿Estos 25 alcaldes de Morena estarían dispuestos a consensar sus designaciones de gabinete con el próximo gobernador? En el hipotético caso de que fuera electo Luis Miguel Barbosa, ¿estarían dispuestos a cederle la Contraloría, Seguridad Pública, la Tesorería, la Secretaría General? ¿Podría el próximo mandatario ordenarles nombramientos en aras de la pluralidad o la eficiencia?

 

Cuidado Claudia Rivera, Karina Pérez, Melitón Lozano, Marisol Cruz y compañía: no vayan a abrir una puerta de la que luego puedan arrepentirse. Con esa carta, se ganaron unas orejas de burro tremendas y la posibilidad de que el próximo gobernador les exija negociar nombramientos en sus gobiernos municipales.