En esta oportunidad, ofrezco una reflexión acerca del grado de avance de la justicia en México. En este sentido, cada país tiene características distintas que provocan un ambiente único con respecto a sus problemáticas y oportunidades que los diferencian. En esta columna, escribí la semana pasada sobre la Ley de naturaleza (lectura sugerida) para promover el análisis de la estructura de nuestro sistema de justicia.

 

Por supuesto, México puede ser catalogado como un Estado arcaico o primitivo respecto al grado de avance de su legalidad o Estado de Derecho. De hecho, esta característica es muy notable en la mayoría de los países de América Latina. Hechos como la baja legitimidad de los representantes, baja participación ciudadana; el alza en los crímenes y la baja o nula presencia de gobernabilidad; crean una situación social similar a la anarquía o falta de gobierno.

 

Ciertamente, la razón primaria que hace necesaria la creación de gobiernos es la de procurar la seguridad para instaurar paz y desarrollo. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un país con el 90 por ciento de impunidad nacional de acuerdo con múltiples estudios? Claramente algo no está funcionando y muchos no están haciendo bien su trabajo.

 

En efecto, la democracia mexicana sigue siendo joven, poco más de doscientos años han transcurrido desde que México logró ser un país independiente; este elemento es fundamental para entender lo arcaico del sistema de justicia mexicano.

 

Adicionalmente, el papel que los partidos políticos desempeñan en la vida democrática del país es fundamental. No se podría entender a la democracia mexicana sin el sistema de partidos. La reciente figura de las candidaturas independientes fue un parteaguas en ese sentido. Aunque, con las múltiples restricciones para calificar ante la autoridad electoral como candidato independiente, es claro que el poder se sigue concentrando en las figuras partidistas.

 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo mucho que ver en sus orígenes. Fue padre y madre de la clase política que hasta ahora sigue presente. El propio presidente de la República, alguna vez durante su juventud, estuvo inmerso en la actividad política propia del partido revolucionario.

 

Dicho de manera más figurativa, muchos personajes políticos, incluidos los partidos, han cambiado su aspecto, pero no su esencia. La corrupción ha sido un común denominador para identificar a la clase política nacional. Y esto, justamente, ha provocado un descontento generalizado que promueve la división y la segregación de múltiples partidos para ofrecer una “solución distinta”.

 

Claro está que la corrupción permite impunidad, y con ello es inevitable darse cuenta de las fallas respecto a la falta de gobernabilidad. Lo peor de todo es que las cosas no mejoran ni un poco. Inclusive se habla de un riesgo de regresión.

 

¿Qué puede ser peor que una impunidad mayor al 90 por ciento? Y, ¿la incapacidad del Estado para reaccionar frente al crimen? Responder a estas dos preguntas es fundamental para corregir lo que se está haciendo mal.

 

La reacción a la ausencia o falta de capacidad de los gobiernos en territorio nacional se ha hecho notar. Como ejemplos claros, tenemos la creación de grupos autodefensas; el manifiesto casi generalizado de la prensa en contra del poder; la falta de participación ciudadana reflejada en las urnas; y más grave aún, la promoción de una ideología egoísta basada en la Ley de naturaleza, fijada en una oración: “quien no tranza no avanza”.

 

Todos esos aspectos pueden convertirse en focos importantes de atención en el largo plazo. Lo cierto es que la ciudadanía tiene que adaptarse a las condiciones presentes de México. Los fallos en los sistemas de administración y procuración de justicia; en el sistema penitenciario y en el sistema de seguridad crean un ambiente propicio para la promoción de conductas antisociales.

 

A final de cuentas y dada nuestra propia naturaleza humana, buscaremos adaptarnos al medio en el cual nos estamos desenvolviendo. En el caso mexicano, el medio es más parecido a una jungla y no al de un espacio civilizado donde lo importante sean las Leyes escritas dadas por el contrato social tradicional.

 

Por supuesto esto conlleva ventajas y desventajas, pero sobra decir que no se ve para cuándo “evolucionemos” a un Estado de Derecho auténtico, donde la legalidad sea efectiva y no se beneficie al más poderoso.

 

Por lo pronto, disfrutemos de las ventajas que supone vivir en un país en el que valen más las leyes naturales, que las leyes escritas, porque al final, es la base de la vida, por cruel que esto parezca.

 

  El Realismo en el análisis.