El gobernador Miguel Barbosa Huerta remitió al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla para que la Secretaría de Movilidad y Transportes tenga facultad de establecer los costos de los servicios de arrastre y resguardo de vehículos, además de la cancelación, modificación y  emisión de convenios en dicho ramo.

El gobernador plantea realizar una modificación al Artículo 42 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para que la Secretaría de Movilidad y Transportes pueda diseñar y establecer tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito vehicular además de verificar su correcta aplicación.

“VII. Diseñar y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas de transporte, así como tarifas para el arrastre, arrastre y salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”, dicta la modificación al Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública promovida por el gobernador Miguel Barbosa.

Como se encuentra redactada la ley actualmente, la Secretaría de Movilidad y Transportes únicamente podía fijar las tarifas máximas para este servicio y no se esclarecía el proceso de verificación del mismo, causando un cobro desequilibrado por organizaciones como Antorcha Campesina, quien acaparaba el mercado en la capital poblana.

En los considerandos, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que es necesario realizar esta reforma para que el estado pueda darles mayor certeza a los ciudadanos en este tipo de trámites y uso de servicios, además de darle mayor seguridad en el arrastre a los transportistas y al transporte público.

El pasado 7 de octubre CAMBIO documentó las formas de operar corruptamente de los grulleros, autoridades federales, estatales y municipales respecto al arrastre de vehículos particulares que eran infraccionados en las carreteras estatales y federales, así como de los vehículos reportados por robo, donde los concesionarios ofrecían un ‘moche’ a las autoridades para tener el servicio y la diferencia del cobro lo pagaba el conductor del vehículo.