La Cuarta Transformación llegó a Puebla de la mano de Miguel Barbosa Huerta, quien desde el primer minuto de su gobierno prometió eliminar todo rastro de corrupción del morenovallismo y castigar a quienes se involucraron en dichas prácticas. Además se ha convertido en el primer gobierno de izquierda que tiene Puebla.

Los primeros cuatro meses, el gobernador se caracterizó por dar balazos a sus contrincantes, como los morenovallistas, pero también abrazó a los poblanos que estaban ansiosos por ser escuchados ante una clase política que los ignoró por los últimos ocho años, pues terminó con los excesos como los viajes en helicópteros, elitismo en eventos públicos, entre otros temas.

La cruzada que emprendió contra la corrupción ya ha comenzado pues uno de los golpes más certeros fue el retiro de las notarías que entregó en su gobierno Rafael Moreno Valle a su principales operadores o el proceso por la emisión de títulos ‘patito’ para varios funcionarios de dicho gobierno.

El gobierno barbosista se ha caracterizado por tener un mayor acercamiento con la gente, prueba de ello es la implementación de las Jornadas de Atención Ciudadana, además de los apoyos que se han dado a grupos vulnerables.

El pasado 6 de agosto se iniciaron las Jornadas Ciudadanas, donde el gobernador y todos los secretarios de su gabinete atienden a los ciudadanos que tienen alguna petición hacia las autoridades. Dicho ejercicio ha sido de gran aceptación, por lo que el gobernador Miguel Barbosa abrió la posibilidad de que estas se realicen en sábado dentro del interior del estado.

Uno de los temas que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta tuvo que asumir fue el incremento al costo del pasaje, autorizando por primera vez en ocho años, el cual fue de 2.50 pesos tras haber realizado negociaciones con los transportistas, sin embargo le dio golpes certeros a personajes como Arturo Loyola, pues pusieron en riesgo el acuerdo con múltiples declaraciones sobre el tema.

Uno de los principales compromisos del gobernador fue el de atender los problemas de inseguridad en el estado, hecho que se ha visto reflejado pues en sus primeros dos meses de gobierno hubo una disminución, y aunque en octubre hubo un pequeño repunte, para noviembre éste volvió a reducirse. Además, anunció el arrendamiento de mil patrullas para mejorar la seguridad.

En la recta final de su gobierno, Rafael Moreno Valle entregó de manera anómala 29 notarías, por lo que el gobierno barbosista inició un proceso para el retiro de las patentes, pues inclusive más de la mitad operaba con prestanombres. Sumado a ello, el mandatario prepara una nueva Ley del Notariado, ya que se han presentado casos de corrupción entre el resto de notarios.

Como parte del combate a la corrupción, Miguel Barbosa hizo un llamado a todos los presidentes municipales a que denuncien a sus antecesores en caso de que estos hayan incurrido en casos de corrupción, a fin de aplicar las sanciones correspondientes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló la emisión de distintos títulos ‘patito’ con los que se beneficiaron morenovallistas, pues utilizaron al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla para ello. Respecto al caso, el mandatario acusó que los panistas actuaban con doble moral pues también fueron beneficiados con los certificados apócrifos.

La relación de Miguel Barbosa con el alcalde de Tehuacán Felipe Patjane Martínez pasó del amor al rechazo, pues aunque en las votaciones del año pasado el propio edil aseguró que Barbosa Huerta era su ‘padre político’, éste no respaldó ante los casos de mal uso de los recursos públicos y corrupción, deslindándose del presidente municipal para que se aplicará la ley.

La venta del predio en donde se encuentra el estacionamiento de Puebla Comunicaciones se vio envuelta en la corrupción, al beneficiar a personajes ligados a los gobiernos morenovallistas, por lo que Barbosa Huerta confirmó que se interpusieron denuncias por ello, así como por el saqueo de Casa Puebla que presuntamente realizó la administración de Antonio Gali.

Miguel Barbosa ha dicho en varias ocasiones que antes de revocar la concesión de Agua de Puebla para Todos se debe realizar un análisis, sin embargo ello no impedirá que se tomen las acciones necesarias para que mientras la revocación suceda, la empresa no cumpla con sus obligaciones de brindar un servicio de agua potable de calidad a los poblanos.

El Gobierno del Estado pondrá en marcha un programa de reemplacamiento para el próximo año, el cual tendrá un costo de 965 pesos debido a que las placas son simples latas y el registro vehicular se encuentra alterado, señaló el gobernador Miguel Barbosa.