Viernes, 26 de Abril del 2024
Indicador Político

El país podría quedar estancado en las arenas movedizas de la democratización si agota el debate en torno al cambio administrativo en el INE y en el Tribunal Electoral Federal (TEF) y decide no entrarle al desafío que planteó la victoria de López Obrador y Morena en 2018 y 2021: una profunda reforma política de sistema/régimen/Estado/Constitución.

Si la función central y única del Instituto Nacional Electoral es realizar elecciones que cumplan con los requisitos del ejercicio democrático del voto, entonces nada tienen que hacer los consejeros electorales metiéndose a querer bloquear la iniciativa de reforma electoral del partido mayoritario.

Aferrado a una campaña en medios para intentar frenar la reforma electoral anunciada por el presidente de la República, el partido Morena y el presidente del Senado, el consejero Lorenzo Córdova Vianello, ha convertido al Instituto Nacional Electoral en un poder político autónomo para salvarse del despido.

El Instituto Electoral y el Tribunal Federal Electoral fueron creados en 1990 por el gobierno de Salinas de Gortari para construir un mecanismo de control indirecto gubernamental de los procesos electorales. Los dos organismos fueron diseñados para funcionar bajo el control de la presidencia de la república en manos del PRI y del PAN.

La política exterior de Estados Unidos como un estado de seguridad nacional es un complejo entramado de vasos comunicantes. En este sentido, el fracaso del presidente Biden en las decisiones sobre el retiro estadounidense de Afganistán tendrá efectos inmediatos negativos en la estrategia de la Casa Blanca en México y América Latina.

La posición oficial del presidente Biden respecto al retiro militar de Afganistán y el incumplimiento de la meta de occidentalizar a ese país musulmán fue sustentada en la tesis histórica de la Casa Blanca de que los afganos no quisieron la democracia occidental.

Mientras el país ha sido llevado a una zona de sobretensión política y de poder en torno a la revocación/ratificación de mandato presidencial, los verdaderos problemas nacionales que representarán el legado sexenal han sido soslayados: la pobreza del 80 por ciento de los mexicanos, la expansión del crimen organizado a actividades políticas y a la consolidación de la soberanía delictiva en zonas territoriales del Estado, y el saldo de infectados y, sobre todo, muertos por la pandemia.

A partir del hecho histórico de que los generales hicieron la Revolución Mexicana, le dieron estructura constitucional y construyeron el sistema político/régimen/Estado, la estructura administrativa-operativa de la Secretaría de la Defensa Nacional se había venido rezagando desde su retiro de actividades políticas directas en 1946.

Porque varios agentes de la DEA nunca dejaron que se cerrara la investigación del asesinato de su compañero Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985 a mano del cártel de Guadalajara y de la complicidad con altos funcionarios del gobierno mexicano; en México debería reabrirse el caso del asesinato del columnista Manuel Buendía ocurrido el 30 de mayo de 1984.

Si lo peor que le puede ocurrir a la historia es un relectura ideologizada y politizada, entonces habrá que acudir a diferentes fuentes para buscar otras explicaciones sobre los orígenes de los pueblos.

Los últimos videos del Cártel Jalisco Nueva Generación para exhibir su capacidad armada constituyen un desafío al monopolio de la fuerza del Estado. Y si además un grupo criminal lanza amenazas contra ciudadanos y empresas, entonces el reto debiera tomarse como institucional.

Algunos analistas de temas de seguridad han visto con extrañeza y preocupación la declaración de la guerra contra la prensa nacional por parte de una célula local michoacana del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta ahora las bandas delictivas se preocupaban más por medios locales, sobre todo con los que se dedicaban a apoyar a sus adversarios.

Colocado en el centro de juegos políticos de poder, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, acumuló la semana pasada derrotas personales que de muchas maneras le restaron funcionalidad institucional al Poder Judicial de la Federación y que obligarían a desplazarlo de su cargo para evitar mayores desprestigios.

La decisión de política económica de mantener la estabilidad inflacionaria ante el confinamiento y la parálisis productiva del 2020, logró evitar los desequilibrios macroeconómicos, pero a costa de incrementar las cifras de la desigualdad y la marginación social.

La demanda legal del gobierno mexicano en una Corte de Boston contra fabricantes de armas fue un torpedo debajo de la línea de flotación del sistema político estadunidense porque afectó uno de sus ejes dominantes de control político: la fábrica de armas como financiadora de carreras de políticos y gobernantes.

En las informaciones sobre la aprobación legislativa del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, sólo el periódico La Jornada acertó en encontrar el punto central del proyecto de transformación del gobierno de López Obrador: “la responsabilidad que tiene el Estado de promover y encauzar el desarrollo económico nacional”.