Miercoles, 06 de Julio del 2022
Indicador Político

En pleno tiempo electoral que limita participaciones externas a candidatos y partidos, el INE realizará hoy lunes la presentación de un libro que patrocinó con recursos públicos y apoyo político contra el populismo y que tuvo como destinatario al presidente López Obrador y a su partido Morena. Este acto es peor que el partidarismo de las mañaneras.

El destino de la reforma judicial en debate legislativo comenzó mal: una cosa era que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea hubiera sido coautor y otra que se pegara como rémora a la fuerza política del presidente de la república y se dejara ver como el único abogado capaz de ponerla en marcha.

Toda la escandalera en torno a la reforma judicial que introdujo la prórroga del mandato del actual presidente de la Corte, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más por ser el único personaje entre los 125 millones de mexicanos en lograrla debe de tener, por jerarquía de ley, una reforma de la fracción IV del 97 Constitucional. Y si en las dos cámaras Morena consigue alianzas para construir esa mayoría, nadie puede regatear el derecho a la reelección.

Como historiador del PRI como partido y crítico de sus prácticas de control social, el politólogo Luis Javier Garrido llegó a acuñar una frase que caló hondo en el ambiente cultural mexicano: “en México todos somos priistas hasta demostrar lo contrario”.

La reforma judicial con la incorporación del ministro presidente de la Corte como eje de contención jurídica y el anuncio del líder senatorial morenista Ricardo Monreal Avila de una próxima reforma electoral integral son indicios de las últimas tendencias de votos: Morena ha comenzado a enfriarse en los ánimos porque el presidente López Obrador no está en la boleta y en consecuencia las transformaciones se usarán como banderas de campaña para estimular a los votantes.

A finales de 2010, el politólogo sinaloense Ernesto Hernández Norzagaray coordinó un libro con siete ensayos titulado “Elecciones en tiempos de guerra. Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz (editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa), para cruzar dos variables: la violencia/inseguridad en esas plazas y el sentido del voto.

 

El resultado de entonces es una variable determinante en las elecciones de junio de 2021: la sociedad tiene la inseguridad y la violencia criminal/oficial como el principal problema, pero su sentido del voto no sirve para repudiar ineficacias de los elegidos con anterioridad. Los siete estados desde 2010 aumentaron la inseguridad y varios gobernadores terminaron en la cárcel por corrupción; y algunos van a repetir errores ciudadanos en 2021.

 

Las ultimas encuestas con miras a las elecciones del 6 de junio de este año de 2021 siguen colocando a la inseguridad como el problema número uno del país y de los entornos específicos de los entrevistados, pero al final su sentido del voto excluye una valoración electoral de uso del voto para calificar eficacia: a pesar de su responsabilidad de gobierno en el aumento en inseguridad, Morena encabeza tendencias generales.

 

En 2010, señala Hernández Norzagaray, el narco y la violencia se hicieron presentes en la vida pública, pero las tendencias del voto encaramaron a candidatos del PRI y del PAN. De los siete casos, el PRI salió ganando Chihuahua Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Veracruz; en Sinaloa ganó un priista como candidato de una alianza contra el PRI y en Baja California se posicionó el PAN. En este 2010 ya estaba aumentando la violencia por la guerra del gobierno de Calderón contra el crimen organizado decretada en el 2006, pero las administraciones estatales eran votadas por razones ajenas a esas preocupaciones prioritarias. En 2012 el PAN fue echado de Los Pinos y regresó el PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto y la violencia aumentó. Y en el 2018 se votó por López Obrador y su discurso contra la corrupción, la pobreza y la inseguridad.

 

En 2021, siguiendo la lógica analítica de Hernández Norzagaray, el elector ha aumentado su nivel de preocupación e inquietud por la inseguridad y la violencia, pero sus votos se van a orientar por simpatías presidenciales, repudio al PRI y al PAN y el papel de Morena como el partido del gobierno, y no será usado ese voto como una valoración efectiva de resultados en temas de inseguridad y violencia.

 

De los quince estados que cambiaran gobernador, solo dos tienen rangos menores de inseguridad; Campeche y Querétaro. Los otros trece están hundidos en la inseguridad, la violencia y la ineficacia gubernamental del partido en turno, estatal y federal. De este bloque afectado por la criminalidad, ningún partido ha presentado algún candidato con alguna oferta concreta y medible para combatir la inseguridad y la violencia.

 

Estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas están agobiados por el crimen organizado. Pero inclusive las valoraciones sociales de la sociedad respeto de los gobernadores y alcaldes en turno a veces marcan una crítica al fracaso en seguridad, pero carecen de una valoración similar de los candidatos.

 

Los análisis del libro coordinado en 2010 por Hernández Norzagaray pueden ayudar a analizar la corresponsabilidad del electorado con las victorias electorales de candidatos que fracasaron en inseguridad y la falta de mecanismos de exigencia de cuentas a los gobernantes respecto de sus promesas, compromisos o declaraciones sobre seguridad.

 

A partir de las conclusiones del politólogo sinaloense se pueden establecer hoy los nuevos parámetros del análisis electoral:

 

1.- La academia ha estudiado la inseguridad, pero no la vinculación con las valoraciones de los electores.

 

2.- Los ganadores en elecciones incumplen sus compromisos y ponen en entredicho el sentido del sistema de representación popular.

 

3.- El sentido del voto se ha alejado de la realidad y se ha acercado más al utilitarismo social en función de programas asistencialistas prometidos o a obsequios de campaña de los candidatos.

 

La situación de inseguridad en 2021 es peor que la de 2010, pero el sistema/régimen/Estado sigue moviéndose por mecanismos ajenos a la realidad. El día en que los electores le den sentido a su voto en función de fracasos de gobierno, los políticos serian repudiados en las elecciones.

 

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Política para dummies: La política también suele ser la puerta de escape de la realidad.

 

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El presidente de la republica tiene razón en quejarse del activismo político e ideológico de los consejeros del INE. En este sentido, el organismo electoral fundado por el presidente Salinas de Gortari y formalizado por el presiente Zedillo nunca perdió su función como cancerbero del sistema político priista-panista-perredista.

Las expectativas inesperadas de las elecciones de junio próximo por la disminución de las tendencias del voto de Morena por la ausencia del presidente López Obrador en la boleta han acelerado las decisiones de desensamblaje de la estructura social, política, económica y de Estado del neoliberalismo salinista.

Aunque las pasiones mediáticas de dos contendientes atizan un pleito arreglado y una árbitra-florero de futbol femenino quiere referear una pelea de kick boxing, en el fondo la crisis Salgado Macedonio-Córdova Vianello esconde cuando menos tres escenarios clave:

En una copia carpiciana que siempre en segundas versiones es peor, el Instituto Nacional Electoral del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello es, en pocas palabras, un obstáculo para la democracia. El organismo fue creado como IFE por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para organizar elecciones creíbles luego del colapso provocado por las votaciones presidenciales de 1988.

El debate sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio como disputa entre Morena y la oposición es importante, pero el escenario nacional está exigiendo posicionamientos y avances en cuando menos tres temas vitales:

En un escenario analítico, las acciones del consejero electoral presidente Lorenzo Córdova Vianello para usar al INE como ariete contra el populismo se mueven entre dos límites: el organismo fue creado por el presidente Carlos Salinas de Gortari y su alianza con Nexos vía José Woldenberg para contener al populismo del entonces PRD cardenista y el error estratégico del organismo de permitir la victoria electoral de López Obrador y Morena en 2018.

Las siete columnas anteriores mostraron la forma y fondo de la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari 1979-2018 y reforzaron la certeza en que esa estructura productiva –con su correlativo bloque político de poder– será el principal obstáculo para la propuesta posneoliberal de la Cuarta Transformación.

La revisión del conflicto neoliberalismo-posneoliberalismo en las figuras de Salinas de Gortari y López Obrador ha tenido el propósito de presentar el trasfondo real de la disputa actual por el congreso, los municipios y 15 gubernaturas. A diferencia del proceso integral de relevo de clase política con Salinas, hoy el lopezobradorismo carece de cuando menos tres variables fundamentales: pensamiento-ideología antineoliberal, clase política y representación social.

En el escenario de tiempo de descanso de semana santa, el presidente López Obrador envió una ley para reformar el sector petrolero en la misma lógica de la reforma del sector eléctrico: recuperar, reconstruir y centralizar la acción del Estado por encima de los intereses empresariales.

Aunque exista buena voluntad y retórica consistente, el desafío de la 4ª T no está en la elaboración de una narrativa machacona contra el neoliberalismo, sino en la capacidad de decisión y sobre todo programación para desmantelar primero la estructura neoliberal y enseguida construir las instituciones, reglas y protocolos del nuevo modelo de desarrollo.

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