Rafael Moreno Valle concluyó su sexenio sin lograr capturar a quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez en la administración de Mario Marín Torres, acusado de enriquecimiento ilícito, aunque para que no quedara duda de su combate a la corrupción y a la impunidad, encarceló a dos marinistas: José Alfredo Arango García y Francisco Castillo Montemayor, además de sancionar a ocho personajes de segundo nivel.
Bajo la consigna “nadie por encima de la ley”, el mandatario estatal inició una persecución desde hace cuatro años para capturar a García Ramírez e incluso pidió el apoyo de la Interpol –con capacidad de búsqueda de 190 países–, no obstante, no consiguió ubicar al ex funcionario.
Fue en enero de 2012 cuando la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el estado liberó la orden de aprehensión contra García Ramírez, y nueve meses después, el procurador Víctor Carrancá Bourget informó que la Interpol ya había emitido la ficha para buscar al priista.
Es acusado de haber amasado una fortuna por 23 millones de pesos y 32 propiedades que, en un principio fueron incautadas, pero la entonces PGJ perdió varios juicios de amparo y la familia del prófugo recuperó.
Arango y Montemayor no corrieron con suerte
En enero de 2012, a la par de que se liberó la orden de aprehensión contra García Ramírez fue capturado Alfredo Arango, secretario de Salud en el sexenio marinista quien fue ingresado al penal de San Miguel por el delito de enriquecimiento ilícito por 54 millones de pesos e irregularidades en su paso también por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep).
Entre éstas se encontraron anomalías en la compra de equipo y medicamentos por mil millones de pesos y un presunto daño patrimonial cercano a los ocho mil millones de pesos. No obstante, tras casi dos años de estar preso, Arango García consiguió su libertad con el pago de una multa de millón y medio de pesos.
En tanto Francisco Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar) en la gestión marinista fue acusado por la malversación de 39 millones de pesos en 2008, destinados a la compra de equipo de reciclaje para mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos.
En noviembre pasado, en juez sexto de lo penal dictó auto de formal prisión en contra del ex funcionario, tras vencer las 144 horas solicitadas por su defensa para atender el caso, convirtiéndose así en el segundo marinista preso en la administración morenovallista.
RMV inhabilitó a ocho marinistas
Aunque la administración estatal inició procesos administrativos contra más de 30 marinistas, el reporte de servidores públicos sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP) refiere que fueron ocho, entre ellos José Manuel Youshimatz, quien se desempeñó como titular del Instituto Poblano del Deporte y a quien en 2014 la Contraloría del Estado impuso dos inhabilitaciones por 15 años para desempeñar cualquier cargo público.
Es preciso señalar que éste y otros personajes sólo pueden pagar una pena máxima de 12 años, según lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Puebla.
Juan Alcántara Silva que fungió como jefe de departamento de Logística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue inhabilitado por 12 años tras ser acusado por defraudar a mototaxistas en el estado, y Blas Villegas Lara, ex comisionado Estatal de Agua y Saneamiento que acumuló seis procesos por 60 años de inhabilitación.
Asimismo, se encuentra Efraín Ruiz Meneses, primo del ex secretario de Gobernación Valentín Meneses que fue inhabilitado 12 años por incurrir en una negligencia administrativa; Rodolfo Arellano Ortega que se desempeñó como jefe de departamento de supervisión de Obra, a quien también se le prohibió desempeñar cargo por 12 años.
En la lista también figura Gerardo Pérez Salazar, quien en 2012 fue inhabilitado por un año por negarse a entregar información relativa al convenio que signó la administración marinista con Coofia, empresa que defraudó a miles de poblanos y que en los primeros años del sexenio marinista colaboró con el gobierno estatal para el cobro de los impuestos locales.
Lo mismo sucedió con Rodolfo Chávez Carretero, ex director del Capcee en la era marinista quien enfrentó la justicia ante el Congreso del Estado, que le inició un proceso administrativo de determinación de responsabilidades por irregularidades en el ejercicio de 493 millones de pesos de su cuenta pública 2010.
Asimismo, figura Benjamín Cabrera Balcázar, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud que suma dos inhabilitaciones por 24 años y Natalio Nava Martínez, supervisor de Obra en la Secretaría de Desarrollo Urbano por 12 años.