Es el caso de la iniciativa presentada el pasado jueves 8 de noviembre por parte de la senadora Olga Sánchez Cordero, la cual constituye no sólo una invitación al debate público sobre la legalización del consumo lúdico y recreativo de la marihuana, sino la búsqueda de soluciones alternativas a problemas que no hemos resuelto y que se han agravado en el seguimiento de estrategias cada vez más inoperantes y que se originan de decisiones tomadas hace 40 años a escala mundial.

Lo propio de los procesos democráticos es la libre discusión de las ideas que conlleve a la revisión de las normas y a la evolución de las políticas públicas obsoletas. En todos los ámbitos, se escuchan voces que sugieren diversos enfoques para hacer frente a las facetas de la calamidad que tiene dos extremos ostensibles: el gran negocio y la salud pública, en medio de los cuales medran la corrupción y el crimen.

La relevancia de dicha propuesta radica en la creación de un instituto que establecerá, a través de una Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, los lineamientos generales para la regulación de la marihuana en su siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización. Es decir, la reglamentación estricta por parte del Estado a fin de encontrar “un equilibrio entre los programas de prevención de adicciones y el interés económico”.

Con independencia de lo que ocurra durante su discusión en la Cámara de Senadores, el tema se ha vuelto a instalar en la conciencia pública. Se han retomado estudios de agencias internacionales, así como las experiencias locales implementadas en distintos países y provincias. La aportación de opiniones informadas podría contribuir a la articulación de una nueva estrategia, sin olvidar ninguno de sus componentes esenciales: la seguridad, los flujos financieros para el crimen organizado, el armamentismo e incluso la formalidad en el empleo.

Cuando la OEA trazó, en mayo de 2013, algunos escenarios para atajar el problema, afirmó que no se trataba de defender una postura unilateral, sino de “utilizar estudios serios y tomar decisiones correctas para obtener mejores soluciones”. El informe se inclinó, sin embargo, a la despenalización del consumo que debe ser considerada dentro de cualquier estrategia.

Quedó claro que “el problema encarado por la vía policial y la represión sigue estancado, mientras que parece ignorarse que la drogadicción es una enfermedad y, como tal, hay que tratarla”. Si bien la OEA se pronuncia por esos cambios legislativos, no establece una relación proporcional entre la legalización y el abatimiento a la criminalidad, ya que los cárteles han diversificado sus actividades productivas.

Por su parte, la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre Drogas de 2016 se posicionó a favor de otorgar oportunidades y alternativas para los consumidores a través de un conjunto de políticas coordinadas que, sin atentar el derecho de autodeterminación personal, combatan las adicciones, desmantelen las complicidades asociadas al crimen e incrementen la capacidad del Estado para prestar servicios públicos.

La modificación del actual esquema jurídico obligaría a la toma de decisiones institucionales en los más diversos campos. No se trataría de una medida aislada, sino de un detonador de reformas de gran alcance. Recordemos que durante el sexenio del general Cárdenas hubo un corto periodo donde el Estado monopolizó la venta de enervantes en dispensarios públicos, que dosificaba diversas drogas a los ‘viciosos’, como eran llamados en esa época, con el objeto de obtener resultados paulatinos y a largo plazo. El gobierno estaba convencido, además, que mediante la legalización de las drogas y su administración por parte del Estado se lograría erradicar el poder de los narcotraficantes y disminuir su consumo y tráfico ilegal.

En este sentido, el Congreso de la Unión adquiere una gran responsabilidad en su actuar, no sólo para adecuar de manera sensible nuestra legislación conforme a las necesidades, realidades y prioridades del país, sino también para realizar un trabajo parlamentario que adopte los criterios judiciales dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, recordemos que en 2015 avaló el derecho fundamental de las personas mayores de edad a decidir libremente sobre las actividades lúdicas que realizan, lo que, en consecuencia, invalida algunos artículos de la Ley General de Salud.

La Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia ha dado la receta: la despenalización de la marihuana como la atención prioritaria a la salud y a la elevación de las condiciones de vida de la población. Es por ello que la próxima iniciativa tiene que ir dirigida a una enérgica política de salarios que haga posible el rescate de parte considerable de los más de 500 mil individuos reclutados por la delincuencia organizada en México, como lo registra una investigación de la Universidad de Harvard. En vez de la seguridad de las fosas, un cambio radical de estrategia que nos condujera al renacimiento del país.