El pasado 28 de noviembre de 2018, se dictó una sentencia más de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que vela por la vigencia y exigibilidad de los derechos humanos establecidos en el denominado Pacto de San José, firmado por diversas naciones de la región y, paradójicamente, en los tiempos de mayor represión y menor democracia que se vivía en América Latina. Países sin partidos políticos de oposición, gobiernos de militares, dictaduras que tenían que legitimarse y, por ello, se atrevieron a firmar esa Convención Americana de los derechos humanos. Dicho esto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la que juzga aquellos países que fueron denunciados por violaciones graves a los derechos humanos, respecto a lo cual México no es la excepción atendiendo a que el gobierno mexicano, sólo hasta 1998, acepto la jurisdicción de dicha Corte, es decir, sólo después de ese año permitió que fuera juzgado por la Corte, mismo motivo por el cual apenas se han dictado diversas sentencia para México con relación a su responsabilidad por la violaciones a los derechos humanos.

En el caso denominado Atenco sucedió, en el Estado de México, un desalojo de ambulantes, vendedores de flores en los días 3 y 4 de mayo de 2006, tiempos en los que el gobierno del Estado estaba encabezado por el que fuera posteriormente presidente de México, Enrique Peña Nieto; un desalojo de los ambulantes que eran, en parte, defendidos por el Frente popular en Defensa de la Tierra (organización que, tiempo atrás, fue la que defendió con machetes sus tierras para evitar la construcción del aeropuerto en Texcoco). Dicho desalojo dio como resultado el abuso de poder por parte de cuerpos policiales estatales y federales. Se cita en la propia sentencia: “la SCJN determinó que cincuenta (50) mujeres fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006, de las cuales treinta y una (31) refirieron haber sido agredidas sexualmente de diversas formas por parte de elementos policiales al momento de su detención, en las camionetas o vehículos en que fueron conducidas a los autobuses, al ingresar a y durante su estadía en los autobuses utilizados para su traslado al CEPRESO y al ingresar al pena”.

En la opinión pública se puso de manifiesto esta serie de abusos del poder en dicha acción del gobierno, dentro de lo que se encontraba era el abuso sexual que se cometió a las mujeres en el momento del desalojo, la detención y los traslados. Por ello, en ese tiempo, se publicó la respuesta del gobernador en los medios de comunicación, en la que decía que había sido un grupo de insurgentes que pretendían desestabilizar al gobierno del Estado de México, considerando, para esta justificación, el antecedente de los sucesos de los ejidatarios que defendieron sus tierras de la expropiación federal para la construcción del aeropuerto en Texcoco. Por tanto, en el año de 2006, el gobernador del Estado de México dio una respuesta temeraria: “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres” (de la propia sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos). Ahora bien, finalmente, se ha dictado la sentencia en fecha 28 de noviembre de 2018, condenando a México por la comisión de estos abusos a mujeres valientes que siguieron todo ese peregrinar hasta llegar a esta sentencia. Ahora faltara que el actual gobierno federal le dé cumplimiento a dicha sentencia, lo que debería ser obvio, sin objeción ni dilación alguna.

Pero mas allá de lo jurídico de esta sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se debe resaltar, con lo mencionado en líneas arriba, que muchas de las ocasiones los grandes problemas tienen su origen en hechos que los gobernantes toman a la ligera; lo que se considera que es alguna problemática de segundo orden por quienes gobiernan, se multiplica debido a ese plano de intrascendencia con que se asumen. Ejemplos de ello se tienen muchos, y han terminado en casos de desapariciones, politicidios, genocidios; todo ello, precisamente, por esa forma de enfrentar los problemas que tienen quienes gobiernan, es decir, poniendo en un plano de intrascendencia las consecuencias que pueden suceder posteriormente. Así, la historia escribe el inicio de los sucesos de Tlatelolco en 1968, suceso que se originó con la intromisión de un grupo de vándalos a un plantel del Instituto Politécnico Nacional. Todos sabemos cómo termino esa historia. También está lo que sucedió con el profesor guerrerense Lucio Cabañas, que, de un simple despido de trabajo en una escuela primaria, terminó en la conformación de un grupo guerrillero en Guerrero; o, bien, lo sucedido en Perú con Abimael Guzmán, que terminó con la conformación de la guerrilla más sangrienta de América latina: “Sendero luminoso”. Las experiencias de tomar las cosas a la ligera por nuestros gobernantes es lo que se debe resaltar, tomando como ejemplo lo sucedido con estas desafortunadas pero valientes mujeres en Atenco, Estado de México.