La delincuencia en Puebla, al igual que en casi todo el país, acelera. Los reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así lo indican. Si 2017 fue el año más sangriento en la historia reciente del país, con más carpetas abiertas por homicidios dolosos y con más víctimas, 2018 pinta para peor en todos los delitos de alto impacto.

 

Ayer acompañé al alcalde Luis Banck para atestiguar sus reuniones de trabajo del programa 4x4 con los vecinos de La Margarita. Ahí, el presidente compromete 16 acciones básicas para fortalecer la seguridad con base en un diagnóstico elaborado por los propios vecinos junto con las dependencias: recuperar espacios públicos, colocar nuevas luminarias en lugares específicos, así como cámaras, reorganizar los recorridos de los camiones de basura, retirar automóviles abandonados, podar terrenos con maleza para que los malosos no tengan dónde esconderse, agendar espectáculos deportivos y culturales.

 

Parece poco ambicioso, pero de acuerdo con el alcalde Banck, el trabajo conjunto con los vecinos permitió que la incidencia delictiva bajara 37 por ciento en las colonias más conflictivas según el diagnóstico que recibió en 2017 cuando en el primer semestre de ese año Santizo perdió el control de la ciudad, lo que detonó la llegada de Manuel Alonso a una SSPTM que ardía.

 

El problema es nacional, estatal, municipal. También es multifactorial, porque incide la crisis económica, el Nuevo Sistema de Justicia Penal que es una puerta giratoria, la crisis de valores, las políticas públicas que privilegian las obras, edificios y puentes, en lugar de la inversión en policías, equipamiento, ministerios públicos, jueces.

 

Y aquí viene un punto fundamental narrado por los propios vecinos de La Margarita: en esa unidad habitacional todo empeoró cuando desapareció la agencia del Ministerio Público que operaba en la zona. Sin explicación alguna, Carrancá la cerró, al igual que ocurrió con muchas agencias más tanto en la capital como en el interior del estado, entre 2014 y 2016.

 

El fiscal Carrancá nunca ha ofrecido una explicación convincente: qué lo llevó a desaparecer por lo menos unas 60 agencias del Ministerio Público en todo el estado. Tampoco creo que nadie le ha preguntado por qué y cuántas desaparecieron, al grado de que en todo Puebla sólo hay 59 agencias frente a la media nacional que es de 125. En Chiapas, por ejemplo, que tiene menos población que nosotros, un territorio más disperso y casi el mismo nivel de desigualdad, existen ¡657 agencias!

 

La delincuencia en Puebla vive de plácemes porque no hay dónde denunciarlos. Y esos vacíos institucionales se traducen en un incremento de la incidencia delictiva. Exactamente como ocurrió en La Margarita: sin agencia del MP se convirtió en un territorio desguarnecido. El mismo dato se extrapola a nivel estatal. Los malosos saben que en todo Puebla sólo hay 59 agencias.

 

Carrancá, en su comparecencia en el Congreso local, subrayó que nuestro estado es el tercer peor del país en el presupuesto per cápita para la procuración de justica con apenas 128 pesos, mientras en Chihuahua, por ejemplo, se gastan más de mil pesos por habitante.

 

El fiscal Carrancá olvidó señalar que no se trata sólo de cuánto se gasta, sino cómo se gasta. En una columna anterior dijimos que el morenovallismo colapsó el aparato de seguridad publica al apostar por ladrillos en vez de contratar más policías, agentes del MP, peritos, patrullas, mejora de salarios.

 

Pero incluso en la misma procuración de justicia se observa ese mismo despilfarro: el 8 de enero de 2014 se estrenaron las remodeladas oficinas de la entonces Procuraduría General de Justicia que costaron 321 millones de pesos, menos de la mitad en equipamiento. Aunque el objetivo era la “redignificación de los espacios de trabajo” de los funcionarios encargados de la procuración de justicia, se hizo a costa de la eliminación de por lo menos 60 agencias del Ministerio Público.

 

Una vez más, el mismo modelo del morenovallismo: más ladrillos, menos policías, menos agencias del Ministerio Público, menos agentes, menos peritos. Más delitos, más delincuentes. Tan sólo en enero de este 2018 hubo un aumento del 60 por ciento en las carpetas de investigación (CDI) integradas por el delito de homicidio doloso al pasar a 82 de las 51 reconocidas durante el año pasado. El número de víctimas también incrementó pues pasó de 64 a 90 personas asesinadas en el mismo periodo.

 

Además de los homicidios dolosos también se dispararon los robos en todas sus modalidades, en especial el de vehículos (58 por ciento), a transeúnte (30 por ciento) a negocio (25 por ciento) y las extorsiones (280 por ciento).

 

Tienen razón los vecinos de La Margarita: todo comenzó cuando desaparecieron las agencias del Ministerio Público. ¿Alguien puede explicar por qué?